Cubren fiscalías clave (y suma G. Carbó)

 Alejandra Gils Carbó le tomará juramento hoy a un grupo de fiscales que ocuparán espacios decisivos en el fuero federal. Los más resonantes serán el de Franco Picardi, exfuncionario del Ministerio de Justicia, que ocupará la fiscalía que fue de Luis Comparatore (tramitan allí entuertos por la causa Papel Prensa que interesan al oficialismo), y Paloma Ochoa asumirá en el despacho que durante años ocupó Miguel Osorio. También se tomará juramento a fiscales del fuero penal económico, contexto que está en pleno proceso de transformación por la fusión con la Justicia penal tributaria.

Son nombramientos que influyen, porque reconfiguran parte de la fisonomía que domina Comodoro Py, donde la figura de Gils Carbó, especialmente entre los fiscales del quinto piso, nunca terminó de ser aceptada. La jefa de los fiscales fue vista casi desde el primer minuto como demasiado cercana a Balcarce 50, en especial porque la propuso Carlos Zannini por encima del otro gran candidato que disputaba esa oficina tras la salida de Esteban Righi por el affaire Ciccone: Alberto Nisman. Al mismo tiempo, desde la Procuración se vinculó a gran parte de los fiscales díscolos con agentes encumbrados de la clandestinidad.

Esa rivalidad tuvo una baja en su intensidad luego de la marcha del 18-F. El tiempo les dio la razón a aquellos fiscales (como Carlos Stornelli o Guillermo Marijuán) que pedían reducir las hostilidades con el kirchnerismo, más aún desde que el caso Nisman se alejó de lo central para perderse en variedades de color: instantáneas en playas paradisíacas, manejos financieros en Estados Unidos y una guerra sin cuartel entre la fiscal y la querella.

Pero, sin embargo, todavía quedan efectos residuales de esa contienda: el caso más resonante es la denuncia de la Procuración contra directivos de la Facultad de Derecho de la UBA. El destinatario final de esa afronta no es otro que el exvicerrector Darío Richarte.

A la saga de actos que comienzan hoy se agrega la centralidad de Gils Carbó en dos cuestiones. Por un lado, los avances en la puesta en funciones de la oficina de escuchas judiciales que comanda una comisión armada por la jefa de los fiscales (y que aportará ciertas novedades en breve), y por el otro, el avance de Marcelo Ferrante, colaborador de la procuradora, en un concurso que podría depositarlo como integrante de la Casación Penal federal.

Una renovada vitalidad que incluye un perfil menos politizado (hace meses que la procuradora no aparece en los escenarios de Justicia Legítima), bajo la perspectiva de continuar en el cargo en la nueva administración. El ejemplo más notable de este presente fue la crítica a la Corte Suprema emitida por Gils Carbó la semana pasada cuando dijo que el máximo tribunal es "disfuncional". Esa opinión poco tiene que ver con el ánimo que exhibió la procuradora en sus reuniones con Ricardo Lorenzetti, el pasado verano, en plena tormenta por la muerte de Nisman. La procuradora se sumó a la percepción de la titular de la Defensoría, Stella Maris Martínez, quien prefirió el verbo "desbarrancar". Se trata de diagnósticos complicados a nivel institucional, en especial por el vínculo de la Corte con las cabezas del Ministerio Público Fiscal.

Obviamente nada es gratuíto. El costo fue la aplicación de la reforma Procesal Penal que se iniciará en febrero y que será coordinada no ya desde la Magistratura sino desde la Bicameral que preside el senador Rodolfo Urtibey en cuyo despacho es una figura central el exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales. Este funcionario tiene una relación formal con la fiscal Fabiana León, la misma contra quien embistió Cristina de Kirchner en la última apertura de sesiones del Congreso. Ordiales fue reemplazado en el Consejo por el viceministro Julián Álvarez.

Mientras, la Corte despliega un perfil de baja intensidad (seguirá así este miércoles cuando Lorenzetti hable ante jueces de todo el país) y la Magistratura tiene sus asuntos más candentes trabados por un regateo permanente entre el Gobierno, la oposición y las agrupaciones de jueces. El ejemplo más notable fue el pasado jueves, cuando en un apartado del raid electoral, Mauricio Macri volvió a remarcarles a sus gestores judiciales que es preciso no votar ningún concurso para cubrir vacantes de buen handicap político.