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Culto a las armas que incluía a la diputada atacada
«Como propietaria de armas desde hace tiempo, creo que el derecho de guardar y llevar armas no debería depender de la ciudad en la que se vive», dijo Giffords en 2008, al explicar su voto en contra de una ley para prohibir la tenencia de armas en Washington DC.
La masacre de Tucson pone de relieve no sólo la facilidad de acceso a las armas por parte de los ciudadanos de EE.UU., sino también la falta de comprobación por las autoridades de los historiales de salud mental de los compradores.
El tiroteo reabrió una vez más la polémica, tras conocerse el historial clínico de Jared Lee Loughner, el joven de 22 años que el pasado sábado irrumpió en un acto de la congresista demócrata y abrió fuego contra los asistentes.
El tiroteo acabó con las vidas de seis personas e hirió a otras catorce, entre ellas Giffords, hospitalizada en estado crítico, pero estable, después de que una bala le traspasara el cráneo.
Loughner había sido expulsado en el otoño boreal de 2010 de la Universidad de Pima County por supuestos problemas mentales y para ser readmitido se le exigió un certificado médico en el que se asegurase que su presencia no suponía un peligro para él ni para sus compañeros.
Sin embargo, ese mismo documento no se le pidió cuando compró el pasado año un revólver semiautomático Glock de 9 milímetros en una tienda a las afueras de la localidad de Tucson, donde residía.
Previamente, Loughner había intentado alistarse en el Ejército de EE.UU., aunque su solicitud fue desestimada por dar positivo en un control de drogas.
En EE.UU., cualquier ciudadano puede comprar un arma, excepto si se demuestra que puede ser un peligro para sí mismo o para los otros, según la Ley Federal de 1968.
En 1993, se introdujo una enmienda a la ley, conocida como la ley James Brady, por el secretario de Prensa tiroteado durante un intento de asesinato del entonces presidente Ronald Reagan en 1981, que incluía el requisito de realizar comprobaciones sobre el pasado clínico del comprador.
Sin embargo, en la práctica, las autoridades estaduales no están obligadas a entregar ese tipo de información y sólo 22 de los 50 estados lo hacen voluntariamente, por lo que en muchas ocasiones estos informes pasan desapercibidos.
Según datos del Sistema Nacional de Revisión de Historial Criminal Instantáneo (NICS, por su sigla en inglés), Arizona envió 4.465 historiales entre 2008 y octubre de 2010 frente a los cerca de 121.700 que se calculan que deberían haber sido entregados.
Varios políticos, como Rand Paul, senador republicano por Kentucky, ya han desestimado que lo ocurrido en Tucson pueda llevar a modificar la legislación federal sobre la tenencia de armas.
«Las armas no matan gente; es el individuo quien mata a esas personas», indicó Paul, quien vinculó lo sucedido en Tucson a un «individuo muy enfermo».
La Segunda Enmienda de la Constitución consagra el derecho de los estadounidenses a la tenencia de armas, y la Corte Suprema siempre ha sentenciado a favor de este derecho contra los intentos de algunos estados y ciudades por limitarlo.
Se trata de un debate que tanto demócratas como republicanos evitan agitar, ya que es uno de los temas que más dividen a la sociedad y el ámbito jurídico en Estados Unidos.
Además, los dos principales partidos políticos reciben cuantiosas contribuciones económicas por parte de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), uno de los principales lobbys a favor de la libre tenencia de armas.
Según las estadísticas oficiales, se calcula que unos 90 millones de estadounidenses tienen alrededor de 200 millones de armas de fuego.
Agencia EFE
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