Cupones Bursátiles

Ahora se dice que el proyecto de obligar a las empresas -que estén bajo la mira, básicamente las que cotizan en Bolsa- a proveer a un «fondo anticrisis», quedaría postergado para después de las elecciones. Al menos, esto da un tiempo prudencial para que la CGT y sus ideólogos internos puedan reflexionar y llevar adelante una idea que posea consistencia. Y sin basarla en falsas imágenes, que parecían querer demostrar que la Argentina posee casi a las sociedades más «ganancias» del mundo. En plena crisis, hemos visto hace dos días el balance de Grimoldi -una que fue mencionada, por nota del diario Perfil, como integrante de una lista que incluía unos 18 nombres- y allí se confirmó que los hacedores del proyecto mencionado solamente se armaban de las cifras de los dos primeros renglones del cuadro de resultados.

Ojalá, dirían los propios directores empresarios, que todo fuera tan sencillo y que la tal «utilidad» fuera la real que queda en la compañía. Seguramente que integrarían gustosos el tal fondo propuesto, quedándose con el resto. Sin arribar a la «línea final» de los cuadros, la que indica que restando todos los compromisos -además del fiscal- es lo que queda para mencionarla como el saldo de la empresa en un período dado, ni en la utilidad «operativa», menos en la «ordinaria» -antes de impuestos- pueden aparecer los porcentajes que se difundieron en la nota, inferimos que provistos por los mismos autores del proyecto.

Tomarse de la simple utilidad bruta, llamada también «directa», para hacer ruido con las fastuosas utilidades de las compañías, significa -de paso- un peligroso método para que la gente asalariada se inflame, reclamando por aumentos desmedidos. O apoyando estos proyectos que no tienen una base razonable para poder reclamar aportes extras -tres puntos más en el Impuesto a las Ganancias- y siempre tomándose de los únicos balances claros, controlados, difundidos públicamente: como son los que se presentan por parte de las cotizantes en Bolsa.

En lugar de solicitar semejantes fondos, bien podría la propia CGT impulsar políticas que favorezcan, incentiven a las miles de compañías «cerradas», para que pasen a la cotización pública. Y con un mercado que sea amplia, pujante, es muy posible que se logren esfuerzos extras. Compensándose a las firmas con otro tipo de legislación: por ser cotizantes.