Cupones bursátiles

Tanto se ha venido escribiendo, y diciendo, en los medios en estos últimos días. Y tan mezcladas aparecen las posiciones a favor, y en contra, de la avanzada del Gobierno sobre los directorios de las sociedades cotizantes, que no podemos arribar a una opinión concreta y que luzca diáfana en los argumentos. Es que ya es regia en nuestro medio que cualquier cuestión que parte de lo financiero, o lo económico, de inmediato se barnice de tintes políticos y se armen dos bancos. Disputando y redoblando el esfuerzo en la pugna: cuando los dos parecen haber olvidado, el motivo básico de la disidencia. Imaginamos que al simple ciudadano, que de casualidad se vea interesado en el asunto -la mayoría ni siquiera se molesta en entenderlo-, todo el vendaval mediático desatado lo habrá sepultado con opiniones que abarcan todo el arco: desde las que suenan razonadas, hasta las directamente impulsivas y agresivas para con la otra posición.

Además, por debajo de todo lo que es simple opinión existen los principios que se deben «atener a derecho» y es un campo que no nos compete, pero que resulta el principal sustento, para determinar lo justo. Ya se supo de resistencias formales en algunos directorios, a aceptar la veloz implementación de nuevos directores. En este punto, salta a la vista que tales puestos no serán cubiertos por lo estatal, sino, directamente, por lo que es partidario. Hecho que, nos parece, ya desvirtúa bastante la medida. Y que así como podría determinarse que es legal, legítima en cuanto a ejercer derechos: desde la propia iniciación del proceso, haber confiscado los fondos de las AFJP, están huérfanas de la mínima ética.

Al poder forjarse las carteras privadas, estaba en sus metas constituir posiciones que no excedieran un porcentual de máxima. Y que no se habrían de ejercer los derechos políticos. Condición básica para que el sistema pudiera concretarse: de lo contrario, las sociedades no hubieran dejado que los porcentajes totales (ahora unificados) pasaran a manos de quienes constituyeran un potencial factor de poder en las asambleas.

La posición adoptada, reuniendo lo que debía estar dividido y utilizarlo con fin político/social, es una jugada desleal. Aunque pueda ser legal.