2 de noviembre 2017 - 23:19

Cuyo y Tierra del Fuego temen debacle por cambio impositivo

• ASEGURAN QUE ES INOPORTUNO Y QUE DAÑA LAS ECONOMÍAS LOCALES
Empresarios, productores y gobiernos arman frente común para evitar imposición de tributo a vino y baja de aranceles electrónicos. Queja de NOA.

Reacción. Tras los anuncios, la fueguina Bertone convocó ayer a una reunión de urgencia a sus ministros para definir los pasos a seguir.
Reacción. Tras los anuncios, la fueguina Bertone convocó ayer a una reunión de urgencia a sus ministros para definir los pasos a seguir.
Los anuncios del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, sobre el nuevo impuesto a vinos y espumantes y sobre la baja de aranceles a productos electrónicos generaron reacciones masivas de rechazo en Cuyo, por el primer caso, y en Tierra del Fuego, por el segundo.

Las causas unieron a todos los actores provinciales, ya sean oficialistas, opositores, peronistas, radicales, del sector público o privado.

Temen que, de seguir avanzado estas iniciativas que la Casa Rosada planteó en su proyecto de reforma tributaria, se destruyan las economías provinciales. De un lado, auguran la debacle de un sector estratégico del entramado regional cuyano. En Tierra del Fuego, el planteo es más extremo: en el gobierno de Rosana Bertone creen que está en juego la viabilidad de la provincia como tal.

Las advertencias brotaron además desde el NOA, a partir del aumento de impuestos internos -de 8% a 17%- a las bebidas que lleven azúcar agregada. "La merma del consumo incidirá en una reducción estimada de 5.000 puestos de trabajo sólo en el sector del azúcar", dijeron desde el Centro Azucarero Argentino.

Bebida nacional

"Inclusive más que el tributo, dolió que se haya dicho que el vino es una bebida no saludable. Es un golpe simbólico para justificar el impuesto interno", señalaron a este medio desde Mendoza.

Los cuyanos están en alerta. En el Gobierno del radical Alfredo Cornejo, pese a la cercanía con el presidente Mauricio Macri por compartir el espacio de Cambiemos, no esperaban que se ratificara el gravamen. Si bien el paper de Dujovne indicaba un paso de 0% a 17%, dicen en Mendoza que se cerraría en 10%. Los productores no quieren ni un 1%. Las exportaciones bajaron un 15% según el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Este peso extra además de correr más del mapa a los vinos argentinos con un impuesto interno que se trasladará al comercio exterior, también afectará las ventas en el mercado doméstico.

La pelea por revertir la medida que pondría en jaque a las economías regionales cuyanas reunió a bodegueros y productores (hasta ayer en tensión por el episodio de la importación de vino chileno) con los gobiernos de Mendoza y San Juan.

Tanto Cornejo como su par sanjuanino, Sergio Uñac, ambos vencedores en las últimas legislativas, se pusieron al frente del reclamo. Ordenaron un encuentro de sus ministros para elaborar un gran frente cuyano. Así, el titular de la cartera económica de Mendoza, Martín Kerchner, se reunió ayer al mediodía con el ministro de la Producción de San Juan, Andrés Díaz Cano. Además del "urgente pedido de audiencias a funcionarios nacionales", pactaron invitar al resto de las provincias vitivinícolas a sentarse en la mesa. Una voz potente para tratar de dar vuelta -o al menos morigerar- el gravamen.

Encuentro. El mendocino Kerchner, ayer con el sanjuanino Díaz Cano. En la reunión avanzaron en un planteo conjunto de distritos vitivinícolas.

Según Kerchner, la producción de vinos produce 105 mil empleos directos más 280 mil indirectos y su producción abarca 230 mil hectáreas, la mayor parte en Mendoza.

Por su parte, Díaz Cano manifestó a Ámbito Financiero que San Juan y Mendoza están dispuestas a "mostrar a Nación que el proyecto es inoportuno y daña la actividad".

"Impacta en toda la cadena. Para vender un vino fraccionado o a granel ya no somos competitivos. A los pequeños productores los perjudicará en mayor medida, porque el impuesto se trasladará hacia abajo", manifestó el ministro de la Producción de San Juan.

Kerchner, por su parte, dijo que "todavía hay margen para trabajar, no están agotadas las negociaciones y, hasta que se presente el proyecto de ley, vamos a seguir buscando alternativas". En ambas provincias están esperando conocer la letra chica del proyecto, aunque entienden que el gravamen se aplicará sobre el precio de factura, con lo cual atravesará a todos los clientes del vino argentino, declarado en 2013 Bebida Nacional.

Otros puntas que mencionan desde oficinas cuyanas son "las dificultades de que haya cambiado justo ahora el ministro de Agroindustria". Mientras esperan sentarse con Luis Miguel Etchevehere, lamentan que se hayan desandado la negociación que venían manteniendo con el extitular de la cartera, Ricardo Buryaile.

Además del enojo que generó el mote de "no saludable" del vino (y recuerdan las recomendaciones médicas de tomar "una copita por día"), hay una marcada molestia por la equiparación de la bebida nacional con productos industriales como, por ejemplo, la cerveza. "Uno es industrial y está mecanizado. El vino tiene una cadena natural, con procesos manuales, con tiempos para cultivar la vid que no lo tienen en el país otras bebidas destiladas", dicen en Mendoza.

El mismo escozor produjeron las palabras de ayer de Dujovne ratificando la medida. "Estas empresas que se quejan tendrán una baja sustancial en otros impuestos. ¿Es justo que la cerveza tenga impuestos y el vino no?", dijo Dujovne. La respuesta cuyana tuvo dejos de malestar: "Hay cientos de argumentos para responder a esa pregunta", declararon a este diario. Más tranquilizadoras fueron las palabras del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Congreso Nacional. El funcionario macrista se mostró dispuesto a revisar los números finales.

El tema excedió a los gobiernos provinciales. También la oposición peronista de Mendoza y de Cambiemos en San Juan se pronunciaron contra el impuesto.

Lo mismo ocurrió con las cámaras de productores y de bodegueros. Coviar, Acovi, Fecovita, Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola Argentina, Asociación de Viñateros Independientes, Federación de Viñateros, entre otros, pusieron el grito en el cielo.

Inviable

El martes a la noche, sorprendió una catarata de tuits de Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego. Los dos mensajes que en sus límite de 140 caracteres resumen su preocupación, combinados, son los siguientes: "De prosperar el proyecto de Ley anunciado hoy, el cual reduciría a 0% los impuestos internos en celulares, TV y otros productos electrónicos, significaría la disolución territorial de nuestra Provincia".

Así de contundente fue la mandataria, de buena relación con la Casa Rosada. Un dialoguismo que la llevó a romper con los sectores kirchneristas e ir separados a las legislativas, donde el frente de Bertone terminó tercero.

"Estamos esperanzados en una corrección antes del envío del texto al Congreso, pero yo me preparo para la peor situación, que es tener que ir a debatir el proyecto a la Cámara de Diputados y de Senadores", aseveró la gobernadora.

Funcionarios de la provincia aseguraron a Ámbito Financiero que mientras el gobierno provincial se preparaba para una pelea política por extender el subrégimen de promoción industrial luego de 2023, la baja a 0% de impuestos a artículos electrónicos rompe con todo el esquema. En la práctica, la baja del impuesto lleva a que un territorio alejado como el fueguino, con altos costos logísticos, sea poco tentador para las empresas.

"Quién va a invertir en Tierra del Fuego si no tenemos otra ventaja competitiva", dijeron desde las cercanías de la mandataria. Y recordaron que en la provincia estaban trabajando para diversificar la matriz productiva porque al "gobierno nacional no le interesa lo que ellos llaman 'ensamblado', aspecto que tampoco es así".

Tras los anuncios de Dujovne, Bertone convocó a una reunión de urgencia al ministro jefe de gabinete de la provincia, Leonardo Gorbacz, al de Economía, José Labroca, al de Industria Ramiro Caballero y al de Gobierno y Justicia José Luis Álvarez. Caballero, además, voló a Buenos Aires a reunirse con su par nacional, Francisco Cabrera. Luego, Bertone señaló que la industria electrónica representa más del 30% del producto bruto de la provincia, y cuenta con 9.600 puestos laborales (1 de cada 5 en la isla).

La gobernadora también advirtió que ya elaboró un listado de 84 diputados a los que "llamará personalmente" para informarles los efectos que tendría la medida.

El anuncio nacional pone en riesgo la seguridad jurídica "aunque ahora se revierta", dicen en Tierra del Fuego. La posibilidad de un cambio abrupto de condiciones "espanta inversores".

Uno de los intendentes del FpV que había roto con Bertone, Gustavo Melella, de Río Grande, se puso a disposición del gobierno nacional para buscar una salida. Lo mismo ocurrió con todo el arco opositor. Dujovne logró cerrar la división.

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