De la Rúa exculpado por muertos 2001

Fernando de la Rúa

Fernando de la Rúa fue sobreseído por la Justicia en la causa en que se investiga el asesinato de cinco personas en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, el 20 de diciembre de 2001. La Sala II de la Cámara en lo Criminal Federal, con el voto de dos de sus miembros y la disidencia del restante, exculpó a De la Rúa de la responsabilidad por los homicidios con el argumento de que el ex mandatario, a pesar de haber declarado poco antes el Estado de sitio, no estaba sin embargo en «posición de garante» de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron así el sobreseimiento que había dictado el juez federal Claudio Bonadío y desecharon los argumentos expuestos por el fiscal de la causa, Luis Comparatore, y los abogados Daniel Stragá y María del Carmen Verdú (por los familiares de las víctimas); el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.

La disidencia corrió por cuenta de Horacio Cattani, para quien se debía revocar el sobreseimiento de primera instancia y procesar a De la Rúa, por entender que la disposición del Estado de sitio convertía al ex mandatario en garante de la vida de los manifestantes.

Otros procesados

En la misma causa están procesados y en instancia de juicio oral y público el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi; el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero, y el ex subsecretario de Seguridad nacional Enrique Mathov. La causa investiga los asesinatos de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, cometidos el 20 de diciembre de 2001, así como lesiones a un «importante número de personas».

El criterio de «posición de garante», que dividió a los camaristas, alude a la responsabilidad de De la Rúa al momento de dictar el estado de excepción. Según Irurzun y Farah, el ex jefe de Estado no había tomado resolución alguna en torno de la seguridad interior en esas fechas, en particular la de impedir la reunión de manifestantes en la Plaza de Mayo.

«Eran Mathov y Ramón Mestre (fallecido, entonces ministro del Interior) y no De la Rúa los funcionarios políticos a cargo del área de seguridad que, por su especial posición, tenían la obligación de intervenir ante los excesos de la fuerza policial jerárquicamente bajo su responsabilidad, y poseían información instantánea, directa y pormenorizada de lo que ocurría», destaca la resolución.

La investigación también profundizó en una reunión que mantuvieron el 19 de diciembre de ese año, en la quinta de Olivos, funcionarios como Mathov y el entonces jefe de la Federal, Rubén Santos, y en la que según los jueces no participó De la Rúa.

En cambio, el camarista Cattani entendió que el ex mandatario debió asumir el rol de garante de la vida y la integridad de los ciudadanos en función de la forma en que se manejó a partir de la implantación del Estado de sitio, y ante la evidencia de que podían producirse desbordes de las fuerzas de seguridad durante el desalojo de la Plaza de Mayo. En esa línea, propuso revocar el sobreseimiento y procesarlo por homicidio y lesiones culposas.

En abril del año pasado, Bonadío sobreseyó al ex mandatario, pero el tribunal de alzada le ordenó profundizar la investigación a partir de la supuesta reunión, en la que la dirigencia de la Alianza -la coalición en el poder entonces- habría resuelto liberar la Plaza de Mayo para facilitar una negociación con el justicialismo que permitiese acordar la sustentabilidad del Ejecutivo.