De los derechos humanos a los servicios humanos

 Mucho se ha dicho y escrito sobre las políticas de derechos humanos aplicadas por las distintas administraciones que han gobernado la Argentina desde el restablecimiento del estado de derecho. En la historia reciente, toda referencia a las políticas de respeto a los derechos humanos ha tenido como lógico epicentro su ausencia durante la última dictadura militar.

Desde el histórico juicio a las juntas que ordenó Raúl Alfonsín -posibilidad inédita hasta entonces- hasta los también históricos -aunque por razones contrarias- punto final y obediencia debida. Siguieron luego los indultos aplicados por el Gobierno de Carlos Menem; llegó después la simbólica orden de bajar los cuadros en la ESMA que dio Néstor Kirchner; y, finalmente, sobrevino la anulación del punto final y la obediencia, la declaración de inconstitucionalidad del indulto por la Corte Suprema y la consecuente reapertura de causas sobre delitos de lesa humanidad, que continúa hasta nuestros días.

Una manifestación de la grieta perenne de la Argentina -aunque cambien los protagonistas de cada orilla- también se dio en la historia reciente en el caso de las políticas de derechos humanos y su alcance; entre quienes sintieron que recibían un justo resarcimiento histórico, y entre quienes cuestionaron el alcance de los derechos humanos.

Pero ahora que, a la luz de lo que se ha pregonado y votado en la última elección argentina, quizá también pueda haber una oportunidad propicia para el cambio proclamado en la apertura de los derechos para los humanos. El Gobierno actual debería aprovechar el pragmatismo del que hace gala para actualizar una concepción que tanto se le criticó al kirchnerismo. Y además de incluir como derecho humano el derecho a la vida -desde la oposición que manifiestan al aborto hasta la defensa por causas de inseguridad- deberían también tener en cuenta, en tiempos de tarifazos, que el gas, la luz y el agua son también derechos esencialmente humanos. Sin el acceso a ellos, es ocioso pregonar el meritorio objetivo de la actual gestión de alcanzar la pobreza cero. La falta de agua, luz o gas afecta otras necesidades básicas y humanas: la alimentación, la salud y la educación. Todos derechos humanos a los que quizá sea imposible compartimentar en una planilla de Excell; más allá de la verdad -también indiscutible- de tarifas atrasadas, irrisorias en muchos casos, y de que la energía, como recurso, es un bien escaso que requiere de una administración y planificación lógica y responsable.

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios", dice, entre otras cosas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

No acceder a esos servicios esenciales, no sólo por tarifas inalcanzables sino también porque el desarrollo de la infraestructura necesaria no es homogénea en el país, es también un acto de discriminación, palabra tan incorporada al lenguaje contemporáneo y con variados alcances. Como el término derechos humanos.

Memoria, verdad, justicia... Pero también luz, agua, gas...