5 de diciembre 2023 - 00:00

Decisión clave de Corte impacta en Casación por causa de desapoderamiento de empresa

La Corte Suprema anuló una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa Mackentor SA, derivada de la megacausa La Perla por delitos de lesa humanidad. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el fallo hizo propios argumentos del procurador Eduardo Casal que había criticado fuertemente a los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani por haber arribado a la misma resolución que rechazó un recurso de la querella pero cuyos fundamentos no coincidían entre sí, algo que implica que la decisión pueda ser tachada de nulidad. El único camarista que, en disidencia, se había inclinado por aceptar el recurso presentado fue Mariano Borinsky. El juez Ricardo Lorenzetti, en su voto concurrente en el máximo Tribunal, subrayó especialmente que al contrario de sus colegas, Borinsky había hecho un análisis pormenorizado de los elementos de prueba que solicitaba la parte acusadora. Ahora, el caso deberá volver tribunal para que se expida de acuerdo a lo que ordenó la Corte.

La causa se remite a la decisión del TOF 1 de Córdoba que tuvo por acreditado que por orden de Luciano Benjamín Menéndez, en 1977, allanaron ilegalmente las oficinas de Mackentor y la clausuraron para luego intervenirla. Desde allí se practicaron toda serie de actos jurídicos que derivaron en el vaciamiento y en la transferencia ilegal de sus activos, incluidos una fábrica de tubos para Conductos de Alta Presión, la obra del Acueducto Villa María y unos campos en la provincia de Santiago del Estero. Las beneficiarias de ese desapoderamiento fueron “empresas ligadas al gobierno militar” mientras sus dueños se hallaban privados de su libertad. Es un antecedente que más allá de haber sido cometido en dictadura guarda estrecha relación por su operatoria con el caso Oil Combustibles, donde actualmente se investiga si se la empujó a la quiebra con el fin de hacerse de sus activos petroleros principales.

En el caso Mackentor, la querella hizo énfasis a la rescisión del contrato con el Estado para la obra del Acueducto que terminó en manos de Supercemento; un aumento de capital efectuado por La Forestal Ganadera SA -socia de Mackentor-; y el pago del 50% de la venta de la fábrica de tubos. Menéndez fue condenado por el caso pero la Justicia consideró que la usurpación culminó con la intervención judicial. El argumento de la dictadura fue que podían subvencionar actividades de la guerrilla. El tribunal no hizo lugar a las nulidades de todo lo ocurrido posteriormente ni a la reparación pecuniaria que había pedido la querella. Por eso acudieron a Casación, argumentando que la intervención había sido parte del plan sistemático de la dictadura que buscó dotar de una fachada legal actos que estaban viciados. Hornos y Gemignani rechazaron el recurso pero Borinsky hizo lugar. Gemignani adujo que estaba correctamente desestimado y que no hubo prevaricato, pero que en todo caso podía la querella acudir a otra vía por el resarcimiento. Hornos dijo que el tribunal penal no era competente para anular la intervención judicial de aquella época. Pero en su disidencia Borinsky mencionó que se analizaron todos los hechos de manera fragmentada y no armonizados con el contexto para determinar si podía anularse la decisión judicial desde su faceta material, más allá de lo formal. La querella fue a la Corte con un recurso extraordinario: Borinsky y Javier Carbajo lo concedieron; Hornos, se opuso.

Casal consideró que el caso era “especialmente flagrante de ausencia de coincidencia” en los fundamentos para resolver de Gemignani y Hornos. Remarcó que hasta defendían posturas opuestas. Esto afectaba la función de un tribunal colegiado y comprometía el debido proceso. La Corte votó por su anulación de forma unánime.

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