Demandas por saqueos, nuevo problema para gobernadores

Tras el acuartelamiento policial y los saqueos posteriores en Córdoba, un comerciante inició una demanda civil contra el distrito que lidera José Manuel de la Sota por haberle negado seguridad. Con la medida, las otras provincias afectadas con episodios de robos a comercios temen una andanada de presentaciones que dañen aún más las arcas financieras.

Tras ola de saqueos y episodios de violencia generalizados desde inicios de diciembre en más de la mitad de los distritos del país por el acuartelamiento de las policías provinciales, ayer se desató un nuevo epicentro de discusión que traerá más dolores de cabeza financieros a las provincias afectadas. Se trata de una presentación en Córdoba de la primera demanda civil contra el estado que lidera José Manuel de la Sota por no haber garantizado la prestación de seguridad el 3 y el 4 del corriente mes.

El abogado del comerciante del barrio San Vicente que dio el puntapié inicial en cuanto a este tipo de medidas judiciales, Gustavo Liebau, señaló que "las víctimas de los saqueos no han visto en el Gobierno de la provincia una reparación; los créditos que se han ofrecido no son suficientes, llegan tarde y el Gobierno está pidiendo, como condición de entregar esos créditos, que la gente renuncie a todo tipo de demanda judicial contra el Estado provincial", lo que significa, según dijo, "que el Estado sabe que ha sido responsable de los hechos".

Liebau, además, explicó: "En el caso de mi cliente, él sufrió el vaciamiento de su local de ropa por 45 minutos en San Vicente, llamó a la Policía y ésta nunca llegó. La cuantificación es comprobable porque hay un inventario y se han llevado todo".

Según el abogado, que no dio a conocer el monto de lo que exige su cliente, "ésta no va a ser la única demanda", y sostuvo que "lo bueno sería que el Estado evitara este tipo de situaciones", ya que "se tiene que hacer cargo de las consecuencias de su accionar ineficiente en esto".

Liebau también recordó que en los casos presentados contra el Estado en 2001, la Corte resolvió en contra de los comerciantes, pero en esta oportunidad "es distinto", ya que los saqueos "fueron realizados a pesar de la respuesta policial, mientras que ahora no hubo".

En tanto, el ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Daniel Passerini, manifestó que desde el Gobierno trabajarán en busca de soluciones y destacó: "El derecho a litigar es inalienable, pero hay abogados que se dedican a litigar contra el Estado".

Por otra parte, la titular de la Fundación del Banco de Córdoba, Adriana Nazario, aseguró que del total de establecimientos relevados afectados por los saqueos del 3 y el 4 de diciembre pasado, "un 20% son casos inexistentes", y los acusó de "oportunistas". En ese sentido, detalló: "No es gente que por ahí estaba en negro y por eso no se presenta. Es gente que no había tenido daño, que ha presentado fotos fraguadas o de otros locales".

Con el puntapié que se da en Córdoba, provincias como Tucumán, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y La Rioja -que comenzó el lunes un penoso shutdown en la administración pública hasta el 31 de enero de 2014-, entre otras, temen por una andanada de demandas civiles que sumen una carga financiera que complique, aún más, las reestructuraciones obligadas tras el acuerdo con las policías locales y las promesas de ayuda a comercios afectados. Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se habrían perdido por los saqueos más de $ 560 millones.

En un sorpresivo anuncio, ayer se dio a conocer en Córdoba que dos sucursales de una cadena de supermercados de la capital provincial no reabrirán debido a que los empleados identificaron a clientes habituales entre los saqueadores. "Se ha roto una relación que es irrecuperable", aseveró el dueño de la empresa, Benjamín Blanch.

Tucumán y Chaco avanzaron ayer en la investigación de lo ocurrido días atrás: en la primera fueron aprehendidos siete policías -uno estaría retirado- por presunta participación en los episodios sucedidos en la provincia que gobierna José Alperovich, aunque tras declarar fueron puestos en libertad, mientras que en la segunda, el comisario Juan Ramón Cantero se entregó y quedó detenido por incumplimiento de deberes de funcionario público y la supuesta instigación al levantamiento de efectivos en reclamo de aumentos salariales.