Desafiante, Lorenzetti congela el traspaso de las “escuchas”

Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Alejandra Gils Carbó

 Hace un mes la Corte Suprema de Justicia no tenía en sus planes un acuerdo de ministros al filo del 2016. La determinación del Gobierno de traspasar al máximo tribunal la oficina de escuchas judiciales, hoy por hoy en la Procuración General, motivó una cumbre entre los justices que ya estaban enfocados en el receso estival (en el caso de Juan Carlos Maqueda se sumaba la celebración de su cumpleaños).

El resultado fue una acordada que pospone cualquier innovación hasta febrero con el argumento de que el tribunal debe estudiar la implementación de la nueva dependencia con todo lo que implica: reglamentos, directivos y, entre otros asuntos, presupuesto. Es la segunda decisión del oficialismo que la Corte congela para el segundo mes del año que viene. La otra fue la referida al ticket Rosatti-Rosenkrantz.

Como era de esperar, la idea de un traspaso de esta oficina encuentra resistencia en la Corte. Los comentarios más ríspidos se escucharon en la vocalía de Elena Highton de Nolasco donde se rechaza la intención del oficialismo de darle carácter de "necesidad y urgencia" al tema escuchas así como también el precedente inquietante de que esta en el Gobierno, en un decreto, la decisión sobre qué cuestiones son competencia del tribunal. Una estructura como esta tiene poca cabida en los artículos de la Constitución que detallan las funciones de la Corte así como también los DNU no competen a la materia penal.

Estas objeciones, que se escucharon en el acuerdo de ayer, replican el mismo esquema de la saga de la cobertura de las vacantes en la Corte. El Gobierno informa a Ricardo Lorenzetti, el justice lleva el tema a la mesa de acuerdos, aparece resistencia de Highton de Nolasco y el cierre es una postergación de final incierto pero cuya dirección sería el Congreso. En el caso de las escuchas, también existe preferencia en la Corte para que el tema se discuta a nivel legislativo. Esta última intención resonó ayer en el despacho de Maqueda.

Giros

La discusión sobre la oficina que realiza las pinchaduras telefónicas esta empapada por giros políticos. Meses atrás Julián Álvarez impulsó traspasar la estructura de la SIDE a la Procuración (Alejandra Gils Carbó se enteró por TV). Ahora Macri, ante la necesidad de acotar las funciones de una procurada a la cual no logra desplazar, intenta involucrar a la Corte. La contienda sirve para exhibir el vinculo constante entre Gils Carbó y Highton de Nolasco. La jueza cuestiona la medida igual que hace semanas señaló la anomalía que implicaba remover a la procuradora por decreto. Sin embargo, debe decirse, a Gils Carbó no le disgustan los planes del Gobierno tanto en lo referido a escuchas como en la postergación del Código Procesal Penal. Germán Garavano le había anticipado ambos temas que en ningún caso fueron iniciativa se la jefa de los fiscales sino más bien una imposición del kirchnerismo. Aventuras institucionales que, como suele ocurrir en administraciones peronistas, nunca tienen buen final. La voluntad a veces es insuficiente.

Demorar el traspaso hacia febrero era interpretado anoche por el entorno presidencial como un desaire calculado de la Corte ante la falta de consenso interno. El mensaje subliminal es contundente porque los justices están diciendo que la urgencia no es tal, con lo cual puede esperar hasta febrero. Esta espera es gris porque la Corte no toma cartas en el asunto rápidamente pero tampoco explicita que el DNU es inconstitucional lo que habría sido un fracaso rotundo para Balcarce 50.

Esto no debe asimilarse como una cuestión de contexto: la Corte viene emitiendo fallos muy contundentes respecto al límite de los DNU. Para el tribunal son una herramienta absolutamente excepcional. El artífice de esa corriente interna es Maqueda, justamente un juez que conoce todos los recovecos de la política. Su presencia en la Corte es un producto de los mismos.

Hace dos años, cuando el tribunal estaba sólido en su conformación, asumir el control de una estructura habría sido un trámite. Con más jueces, habría existido otra flexibilidad para lograr los consensos que permitan dar una respuesta a tono con el decreto. El impasse actual es un producto de lo que significan las divergencias cuando un cuerpo colegiado queda reducido a su mínima expresión. Es, en definitiva, lo que Lorenzetti le explicó a Macri cuando se concretó la salida de Carlos Fayt. Funcionar con tres jueces asegura dolores de cabeza, más aún cuando dos de ellos (Lorenzetti y Highton) piensan diferente en una variada gama de cuestiones.

Esta situación deja por resultado una Corte endeble y los resultados están a la vista: en menos de diez días dos jueces federales del interior emitieron medidas cautelares ordenando al tribunal que desista de actos concretos.

Actualmente la Corte no está completa, la Magistratura requiere de un diputado, la Auditoría General de la Nación continua sin que la mitad de sus integrantes asuma y los organismos de control de telecomunicaciones están intervenidos. La irregularidad institucional es un lugar común inquietante en un Gobierno que por demostrar fuerza y decisión incurre en un estado de constante ilegalidad. La temporada estival invita a recuperar el arte de la persuasión.