Desborde estatista en Venezuela

Caracas - Con la intervención de una procesadora de arroz de la firma estadounidense Cargill, el presidente venezolano, Hugo Chávez, dio un paso adelante en el control del sector alimenticio en momentos en que el país siente con fuerza las consecuencias de la crisis y, especialmente, la baja del precio del petróleo.
Según el mandatario, estas firmas privadas se empeñan en «violar de forma flagrante» las leyes locales que garantizan el acceso de la población a alimentos baratos y de calidad.
«Quiero que me inspeccionen todas las plantas que producen harina, aceite, papel sanitario. Contra el que se salga del marco de la ley hay que tomar las medidas, pero contundentes, en favor del pueblo», pidió Chávez el miércoles a la noche.
Desde 2003, los alimentos de la canasta básica son objeto de un control de precios en Venezuela. No obstante y de forma cíclica faltan en los supermercados productos como arroz, café, leche o azúcar. Además, la inflación de los alimentos superó el 40% en 2008.
Hace seis meses, el Gobierno publicó una ley de soberanía alimentaria que fija nuevas reglas para la producción de alimentos y da al Gobierno un mayor margen de maniobra para controlarla.
Desde el sábado, varias plantas procesadoras de arroz en Venezuela son objeto de una ocupación temporal de 90 días por parte de funcionarios públicos quienes vigilan que su producción respete los porcentajes estipulados esta semana por el Gobierno en un decreto: 80% de arroz blanco cuyo precio está regulado y 20% de otros tipos de arroz.
«Las empresas privadas, siempre y cuando se mantengan en el marco de la ley y la Constitución; y su esfuerzo, planes y actividades se orienten al cumplimiento de las leyes y la satisfacción de necesidades de la gente, podrán seguir funcionando. De lo contrario les aplicaremos todo el rigor de la ley», afirmó Chávez.
La primera planta de arroz afectada fue la del gigante de la alimentación venezolano Polar, responsable del 6% de la producción nacional, que según el Gobierno no respetaba estos porcentajes.
La arrocera de Cargill, responsable de otro 6% de la producción nacional, fue directamente expropiada -como adelantó ayer Ámbito Financiero- porque según los inspectores no producía arroz blanco pero sí otras variedades. Esta información fue confirmada por fuentes cercanas a la empresa.
Ayer, funcionarios públicos dieron inicio a la expropiación y ocuparon las instalaciones de Cargill en el estado Portuguesa (centro-oeste). El decreto que debe firmar Chávez bastará para consumar la medida ya que no debe ser sometido al visto bueno del Parlamento.
El presidente venezolano amenazó que Polar correría la misma suerte si no se plegaba a la ley. La empresa respondió en un comunicado que respeta las leyes, está comprometida «con el bienestar de los venezolanos» y desea un diálogo con el Gobierno.
Para el analista económico Thomas Socías, la actitud del Gobierno tiene por fin aumentar la producción de alimentos básicos comercializados a través de sus redes de distribución populares a precios fijos.
«No creo que haya un proceso masivo de nacionalizaciones y expropiaciones sino una estrategia política. El Gobierno tiene derecho a profundizar sus programas sociales pero no debería meterse con aquellas que son prósperas», afirmó.
Para el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Eduardo Gómez Sígala, estas medidas «estrangulan» la economía y son fruto de la «desesperación» de un Gobierno que «busca responsabilidades en cualquier parte».
«No hay forma de inventar la producción de materias primas cuando no se ha producido en el país. El Gobierno ha estado manejando esos inventarios, ha estado importando y destruyendo la producción interna y ahora con esta agresividad tratan de dar al país explicaciones que no pueden darse», acusó, en una entrevista a una radio local.
Agencia AFP