Desde Moncloa amenazan: “Habrá consecuencias”

José Manuel Soria, el 1 de marzo, adelantó que habría un período de negociación con el Gobierno argentino. Ayer, sin ese proceso en vista, defendió las empresas de su país a través de un video grabado en el Palacio de La Moncloa.

Madrid - A primera hora de ayer, el ministro español de Industria y Energía, José Manuel Soria, afirmó que cualquier «gesto de hostilidad» contra empresas de su país será interpretado como un gesto «hacia España» y «trae consigo consecuencias», en lo que se interpretó como una alusión al Gobierno de Cristina de Kirchner por la situación de Repsol, principal accionista de YPF.

Soria no citó en ningún momento a la administración argentina. Los servicios de comunicación de La Moncloa, sede del Gobierno español, facilitaron a los medios las declaraciones del ministro, quien se encuentra en Varsovia junto al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para participar en una cumbre hispano-polaca.

El Gobierno español, subrayó Soria, defiende los intereses de todas las empresas españolas dentro y fuera del país y «si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad» contra esos intereses, los interpreta como «gestos de hostilidad hacia España y hacia el propio Gobierno» que tienen consecuencias.

Por su parte, una nota del diario Expansión de Madrid indicó que «hoy (por ayer) puede ser el peor día de la historia de Repsol». Afirmó también que el Gobierno argentino «enfila la recta final para quedarse con su filial YPF, la joya de la corona de Repsol. Desde que empezó la incertidumbre sobre su futuro, YPF ha caído en barrena en la Bolsa».

Añadió: «Lo que discute el Gobierno argentino no es ya si se interviene o nacionaliza la compañía, sino cómo armar jurídicamente el proceso para darle apariencia legal. Según algunas fuentes, se está trabajando en modificar la ley de hidrocarburos del país para declarar de interés público la compañía y así poder proceder a la compra forzada de entre un 30% y un 50% del capital».

Según la publicación española, la modificación de la ley de hidrocarburos «daría cobertura legal para que el Estado argentino vuelva a tener un paquete de control en YPF, que compraría a precio de mercado. La compañía ahora vale un tercio menos de lo que valía a comienzos de año. Su valor actual es de 45 mil millones de pesos argentinos». La publicación concluyó: «Intervención, injerencia en la gestión, compra a saldo, expropiación, nacionalización... llámesele como quiera, siempre con el apellido por interés público».

Agencia EFE