La UE dio un año de prórroga a España para cumplir con el objetivo de déficit -y situarlo por debajo del 3% del PBI-, por lo que el próximo Gobierno será el responsable de aplicar las medidas fiscales para regularlo. Este margen dado por Bruselas tiene como condición que en los próximos dos años se realice un ajuste de 8.100 millones de euros (un 0,75 % del PBI), para bajar el déficit al 3,7 % del PBI en 2016 y al 2,5% en 2017. El próximo equipo de Gobierno deberá decidir si actúa por el lado del gasto (recortándolo) o de los ingresos (con más impuestos), o si no hace ninguna de las dos cosas y fía la corrección del déficit al efecto de la recuperación económica y de unos bajos tipos de interés.
Mientras el gobernante PP mantiene su promesa de bajar los impuestos, los socialistas apuestan por un ambicioso Plan de Emergencia Social para los ciudadanos en situación de desprotección, que incluye un aumento del salario mínimo y un ingreso mínimo vital de 426 euros. La coalición Unidos Podemos (izquierda antiausteridad) hizo campaña con su propuesta de incrementar el gasto público y aumentar los impuestos a los más ricos, mientras los liberales de Ciudadanos propusieron bajar los impuestos a las clases medias. (En vista de los resultados, es previsible que el Gobierno sea conformado con una coalición y las recetas deberán ser negociadas - N del editor).
Las nuevas autoridades, aún por definir, deberán combinar sus promesas electorales, con el control del déficit y la desaceleración económica, que se impondrá ligeramente este año a medida que pierdan fuelle los elementos que impulsaron la economía: el abaratamiento del petróleo, la depreciación del euro o la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE).
Otro de los grandes desafíos del nuevo Gobierno será recortar la tasa de desempleo. Pese a que España crea empleo más rápido que el resto de sus socios europeos, por encima del 3%, el trabajo que se crea es peor, la mayoría es de carácter temporal y en el sector servicios.
El PP incide en que la reválida de su mandato es necesaria para que se consume la recuperación económica y en 2020 se alcancen los veinte millones de ocupados (frente a los 18 millones de ahora). Unidos Podemos promete a bajar el desempleo en 2019 al 11% y alcanzar un año antes los veinte millones de ocupados que promete el PP, mientras, que el socialista PSOE apuesta por un plan de choque contra la precariedad laboral y el aumento del salario mínimo. Ciudadanos, en tanto, quiere la creación de un contrato único e indefinido, acompañado por medidas de fomento. Frente a estos dos caballos de batalla en materia económica, se encuentra el desafío soberanista que impulsan desde el año pasado un grupo de partidos en el parlamento regional de Cataluña, con el objetivo de declarar la independencia de la región.
| Agencia EFE |
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