Destraban concurso para nombrar fiscal de funcionarios

Esteban Righi

La Procuración General emitió el dictamen final en el concurso para definir quién ocupará la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) que antiguamente estuvo a cargo de Manuel Garrido. El juez Eugenio Sarrabayruse y los abogados Maximiliano Rusconi y Sergio Rodríguez encabezan el orden de mérito del concurso que se realiza por segunda vez (en la primera fue declarado desierto). Ahora se abre el período de impugnaciones y una vez concluido -y realizados los exámenes psicofísicos- se enviará la terna el Ejecu-tivo.

Se trata de una puja que ha traído más de un dolor de cabeza en Comodoro Py, donde en su momento el puesto tuvo varios aspirantes ya acostumbrados a llevar expedientes que involucran al poder. Son los mismos que en esta nueva edición han quedado relegados.

El dictamen final fue redactado por el juez de la Corte suprema Eugenio Zaffaroni, quien fue invitado a participar. Sarrabayruse es doctor en Derecho por la UBA y juez de un tribunal oral en Tierra del Fuego (obtuvo 172.25 puntos). Rusconi se desempeña en la actividad privada, es experto en Derecho Procesal Penal y anteriormente ocupó la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios (171.25 puntos). Rodríguez es abogado penalista (139.50 puntos).

Por su parte, los hombres de Comodoro Py quedaron lejos, algo que ayer por la mañana se resaltaba en los tribunales de Retiro no sin cierto fastidio. Fueron los casos de Marcelo Martínez de Giorgi (juez federal subrogante), Oscar Hergott (juez del Tribunal Oral Federal número 2), Guillermo Noailles (actual subrogante en el cargo) y Sabina Namer (fiscal ante el Tribunal Oral). El cargo siempre ha tenido un particular atractivo: oficinas espaciosas, un plantel de 80 personas y la posibilidad de iniciar investigaciones sin que sea necesaria la existencia de una denuncia. Además, es una vidriera pública que más de uno codicia, especialmente aquellos hombres de la Justicia que planifican saltar al terreno de la política.

La historia comenzó cuando el extitular del cargo, Manuel Garrido -actual diputado por la UCR- renunció luego de que el por entonces procurador general, Esteban Righi, hiciera una lectura restrictiva de las atribuciones de la FIA, en 2009. Garrido había investigado, entre otras causas, el patrimonio del matrimonio Kirchner, la trama Skanska, el hallazgo de una bolsa con dinero en la oficina de la exministra Felisa Miceli y las maniobras con las estadísticas del INDEC.

En mayo de 2009 se abrió un concurso para reemplazarlo que duró dos años y fue declarado desierto por la dimisión de los postulantes (varios de los exámenes habían sido de pésimo rendimiento). La cuota de sospechas -un clásico en los concursos judiciales- corrió por cuenta del fiscal Enrique Baya Simpson, quien denunció «arbitrariedad manifiesta» a lo largo del proceso.

Proyecto

A la semana de haber asumido como procurador interino -en reemplazo de Esteban Righi, quien renunció luego de una denuncia de Amado Boudou-, Santiago González Warcalde envió un proyecto de ley al ministro de Justicia que propone dotar de nuevas atribuciones a la FIA. No fue el mejor momento para la propuesta: esa semana González Warcalde fue criticado por Julio Alak por haber dispuesto más fiscales para investigar a su antecesor en una causa por presunto tráfico de influencias.