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Dicen en el campo...
... que, en el primer caso, fue producto de que hubo que cambiar parte de las medidas que se habían lanzado hace un mes (el 10 de agosto) y que determinaron la inmovilización de las operaciones en el sector de biocombustibles. Es que no sólo se habían aumentado las retenciones a la exportación (hasta el 32%), lo que afectaba a las procesadoras más grandes, sino que al cambiarse la fórmula de cálculo para determinar el precio interno del producto, se dejaba fuera de mercado a cantidad de pymes que no podían competir a partir de los valores fijados. Ahora, aún después de los anuncios, sigue el escepticismo en el sector ya que las «retenciones móviles» implantadas, remiten a los efectos negativos estimados en 2008 cuando fue, justamente, esa misma política la que generó el mayor enfrentamiento del campo con el Gobierno debido al incremento implícito de la carga fiscal que conlleva la medida. Pero si bien Kicillof, a cargo del órgano que regula el comercio de combustibles, quedó expuesto con estas últimas correcciones presidenciales, no fue el único funcionario que «cayó» bajó la mirada de Cristina. Es que también fue puesta en duda la «veracidad» del todopoderoso secretario Moreno, lo que fue tomado como toda una señal.
... que la reunión de Ordenamiento Territorial en el Congreso tuvo una asistencia numerosa producto, seguramente, de lo delicado del asunto. Allí, además de «sorprender» (por lo infrecuente de las participaciones de dirigentes del campo en estos encuentros) la presencia del nuevo titular de CARBAP, Horacio Salaverri, quien se quedó casi hasta el final (mucho más que el titular de Agricultura, Luis Basterra, que se retiró una hora después de iniciado el encuentro), se escucharon opiniones bastante disímiles. Desde los lugares comunes: defender la sustentabilidad; proteger los derechos de las futuras generaciones; la función social de la tierra, la desigual distribución, etc. Pero también hubo algunas perlitas como cuando un asistente mencionó que había 4 proyectos, de 4 áreas oficiales distintas: «¿No se pueden juntar y hacen uno solo?...», dijo el hombre, criterioso. También se escuchó hablar de los «ecólatras», los ecologistas del «no» (no se puede hacer, tocar, usar, etc.). A esa altura, alguien preguntó: «¿Cuál es la función social del suelo público?». Más lógica aún sonó la frase: «¿Planteamos un desarrollo sostenible o un retroceso razonable?». Pero lo más impactante de todo fue cuando se mencionó que ni la Nación ni las provincias cuentan con las agencias suficientes para ejercer alguna forma de control con una herramienta de esta naturaleza (ejemplo, lo que sucedió en Salta y Jujuy), y casi peor aún, que tampoco tienen personal preparado y ni siquiera la información seria y completa de base como para legislar en esta materia. Faltan datos, hasta hay provincias que todavía tienen mercedes reales, no se sabe cuál es el mapa y los verdaderos caudales del agua del subsuelo, y tampoco están evaluados los impactos de las tecnologías más nuevas (como la labranza cero, por caso), entre otros varios aspectos que se deberían considerar antes del plantear un proyecto de ordenamiento en serio.


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