Dictan hoy sentencia por agroquímicos

Vecinos del barrio Ituzaingó y organizaciones ambientalistas se concentran desde anoche en las inmediaciones de los Tribunales II para esperar el fallo que se dictará hoy en el juicio en el que se investiga la supuesta contaminación con agroquímicos de campos próximos a poblados.

El abogado querellante, Medardo Ávila Vázquez, informó a la prensa que está previsto concretar una vigilia organizada por «Madres de barrio Ituzaingó» y «Paren de fumigar», entre otras agrupaciones. «En barrio Ituzaingó esperamos con mucha expectativa la sentencia, para saber si seguirán fumigando o si dictarán un fallo que reconozca que los derechos de la gente a la salud y a un ambiente sano están por encima de los agronegocios», dijo el letrado.

El abogado aseguró que «tenemos mucha expectativa y esperanza, porque la Justicia argentina goza de respeto en el mundo, porque es la única que juzgó a los propios genocidas sin necesidad de recurrir a tribunales internacionales».

La vigilia comenzó a las 21.30, en las inmediaciones de los Tribunales II, ubicados en el barrio Observatorio de la capital cordobesa, donde hoy a las 9.30, la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba dictará sentencia.

En el momento de los alegatos, el fiscal Marcelo Novillo Corbalán pidió la pena de cuatro años de prisión efectiva para el productor Francisco Parra por considerarlo coautor del delito de contaminación ambiental (por un hecho ocurrido entre octubre de 2003 y febrero de 2004) e instigador del mismo delito (por un hecho sucedido en 2008), en concurso real.

Asimismo, requirió tres años de prisión efectiva para el agrofumigador Edgardo Pancello por ser presunto autor de «la contaminación ambiental constatada en 2008 cuando fumigaba un campo de Parra».

En cambio, por falta de pruebas, la fiscalía pidió la absolución del productor Jorge Gabrielli, también imputado por presunto instigador del delito de contaminación ambiental a raíz de una fumigación concretada en su campo, en 2008.

En forma subsidiaria y para el caso de que el tribunal impusiera penas de prisión pero de ejecución condicional, el fiscal solicitó que a Parra y a Pancello le impongan que, durante cuatro años, presten funciones gratuitas en un dispensario público o en el Hospital Oncológico.

«Ituzaingó Anexo es un barrio contaminado, enfermo, en terapia intensiva, que sufrió una agresión reiterada por fumigaciones de productos prohibidos y efectuadas a una distancia de un núcleo poblacional que no era permitida por ordenanzas vigentes en la ciudad de Córdoba», dijo Novillo Corbalán en su alegato. Asimismo, pidió que se aconseje «la prohibición de fumigaciones terrestres a menos de 1.000 metros de distancia de centros poblacionales, de escuelas o de pozos de agua».

Por otra parte, Novillo Corbalán reclamó que se inste a que «se adelante la entrada en vigencia de la Resolución Nº 511, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que prohíbe a partir de octubre de 2013 el uso de endosulfán» en las fumigaciones con fines agropecuarios.

El fiscal también requirió que se exhorte a las autoridades provinciales a que, hasta que entre en vigencia una ley nacional de agroquímicos, se reforme la que rige en Córdoba (Ley 9.164) para «prohibir las fumigaciones aéreas en la provincia, así como las terrestres realizadas a menos de 1.000 metros de distancia de centros poblacionales, de escuelas o de pozos de agua».

Según la acusación, en las fumigaciones realizadas sobre los campos ubicados en las inmediaciones del barrio se utilizaron endosulfán y glifosato, en violación a la Ley de Agroquímicos de Córdoba N° 9.164, que prohíbe la aplicación aérea de dichos productos agroquímicos en un radio menor a los 1.500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas, respectivamente.