Diputados activaron blanqueo y salida del “default” jubilatorio

Alberto Abad, titular de AFIP; Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, y Luciano Laspina (PRO), presidente de Presupuesto y Hacienda, abrieron el debate en un plenario de comisiones. Emilio Basavilbaso dijo que primero pagarán sentencias a jubilados mayores de 80 años.

La Cámara de Diputados dio ayer el primer paso para que la Argentina salga del "default" jubilatorio a través de un blanqueo de capitales. Se trata de la segunda iniciativa económica que llega al Congreso luego del pago a los fondos buitre con una autorización de endeudamiento de 12.500 millones de dólares. Un plenario de comisiones comenzó ayer a debatir, con la presencia de Mario Quintana, Emilio Basavilbaso y Alberto Abad, la ley ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo Nacional para pagar sentencias a jubilados, habilitar el blanqueo de capitales, cancelar parte de la deuda de coparticipación con las provincias y hasta modificar los impuestos a Bienes Personales y Ganancias.

Quintana, coordinador del gabinete económico del Gobierno, fue el encargado de presentar el proyecto de ley que establece el pago de la deuda a jubilados, y advirtió que un Estado que "estafa a sus abuelos es símbolo de sociedad que no honra a sus mayores".

"Con alegría y gran entusiasmo venimos hoy a invitarlos a ser parte de la oportunidad de sanar una de las heridas más sangrantes de la sociedad argentina", afirmó el funcionario.

El formato de ley ómnibus escogido por el Gobierno nacional -en vez de enviar iniciativas por separado- tiene explicación: Cambiemos está en minoría en ambas Cámaras y optó por librar una sola batalla legislativa con el pago a jubilados como punta de lanza. Ató la salida del default jubilatorio a la aprobación del blanqueo de capitales para poder pagar parte de los juicios pendientes. Un baño moral para la amnistía de dinero fugado que la Casa Rosada buscará recuperar a partir del segundo semestre. El proyecto incluye la derogación de la ley promulgada durante la gestión de Cristina de Kirchner para bloquear la venta de acciones de empresas privadas en poder de la ANSES a partir de la privatización de fondos de las AFJP.

Ayer, en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social, que conducen el macrista Luciano Laspina y el sindicalista massista Héctor Daer, el vicejefe de Gabinete de Ministros brindó una pista sobre el destino que el Gobierno nacional tiene preparado para esa cartera de acciones. Por ahora, sólo habrá una venta parcial de algunos de esos títulos de acuerdo con la tendencia de su cotización. Quintana explicó que el proyecto establece la derogación de la Ley 27.181 que declara de interés público las participaciones sociales del Estado nacional. Y señaló que se buscará "liberar a la ANSES para la venta de ciertos activos, como acciones que ostenta en compañías privadas", porque a su criterio "la imposibilidad de vender estos activos es contraria a defender el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad". El Estado nacional posee acciones en grandes empresas privadas, tales como el Banco Macro, Techint y Grupo Clarín.

A baja intensidad, comenzaron ayer a gotear los apoyos explícitos de los bloques opositores, al menos para aprobar el proyecto en general, más allá de cada artículo en particular. Héctor Recalde, jefe del Frente para la Victoria, admitió que acompañarán el pago a jubilados y el blanqueo, aunque votarán en contra de la venta de acciones de la ANSES. "En general estamos de acuerdo con que se haga justicia con los jubilados. De todas maneras el proyecto lo vamos a analizar bien. Es preciso no vender las acciones del Estado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque es volver a la privatización. Es muy importante que el Estado tenga participación en las empresas, no sólo por el valor económico sino también por la influencia económica", advirtió el diputado y abogado laboralista.

El Frente Renovador de Sergio Massa también acompañará en general en la sesión prevista para el 15 de este mes en Diputados. Y designó a Mirta Tundis para realizar un informe técnico sobre las inconsistencias del proyecto. El Bloque Justicialista de Oscar Romero también anticipó su apoyo.

Sin embargo, la iniciativa recibirá nuevas modificaciones antes de obtener dictamen, previsto para el martes próximo, y pasar al recinto. Los aliados del PRO Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica) fueron el primer filtro y depuraron el borrador del proyecto antes de ser enviado al Congreso. A pesar de que Mauricio Macri había expresado su intención de repatriar los 18 millones de pesos que declaró en las islas Bahamas, Negri y Carrió forzaron la eliminación de parte del staff de funcionarios públicos de la amnistía de capitales. El Poder Ejecutivo Nacional envió entonces una versión recortada donde sólo se habilita a blanquear a gobernadores, legisladores y jueces. Sin embargo, en el plenario de comisiones que comenzó ayer habrá nuevos cambios y quedarían excluidas todas las categorías de funcionarios públicos.

Basavilbaso aseguró que el proyecto que propone pagar la deuda con los jubilados es "un gran esfuerzo del Gobierno" para dar un "cierre a la alta litigiosidad", y dijo que con esta ley se busca terminar con el 90 por ciento de los juicios y "empezar a liquidar correctamente los haberes" de la clase pasiva. Y señaló que con este proyecto se beneficiará a los 2.400.000 jubilados que tienen un promedio de 74 años. Ante el plenario de diputados, el funcionario ratificó que el pago a los jubilados se hará "con el blanqueo de capitales porque la ley marca que sólo se destinará a ese fin, y la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Basavilbaso dijo que el primer grupo que cobrará lo conforman 50.000 personas que tienen sentencia firme y se les abonará "una vez que esté firmado y homologo el acuerdo voluntario", donde se pagará el 50% en una cuota y el resto en cuotas trimestrales.

El funcionario recordó que los primeros que recibirán el pago de las sentencias son aquellos que tienen más de ochenta años y reafirmó que con este proyecto "se empezará a pagar la retroactividad, lo que implicará un aumento del 40 por ciento". Sobre la duración del programa, se extenderá por "tres años con la posibilidad de tener una prórroga de otros tres años", pero "nosotros creemos que lo podemos terminar en dos años, porque queremos hacer 100.000 acuerdos mensuales".

Antes, Quintana destacó que la ley crea la "pensión universal a la vejez", que cobrarán todas las personas "mayores de 65 años en la Argentina que carezcan de un ingreso" y los "extranjeros que lleven años de residencia" en el país.