La Comisión de Asuntos Constitucionales que comanda Pablo Tonelli (PRO) discutirá un ramillete de proyectos para bloquear precandidaturas de procesados o condenados en primera instancia.
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Entre la agenda de temas se encuentra una iniciativa de la diputada nacional -reeelecta- Brenda Austin (UCR-Córdoba), que propone retocar la ley orgánica de partidos políticos para evitar precandidaturas "en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios" a quienes hubieran sido condenados "en primera instancia" por los delitos de corrupción "hasta la revocación definitiva de la sentencia".
La legisladora fundamenta: "Nuestro país ha suscripto y ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, así como también la Convención Interamericana contra la corrupción que definen una serie de directrices específicas respecto a los sistemas de candidaturas (...) respecto al ejercicio de los derechos políticos".
Austin también argumenta que "el derecho a ser elegido se encuentra vinculado a una determinada concepción de la representación que se refiere a que se esperan de los candidatos cualidades distintas y más estrictas que las que se requieren para el ejercicio del voto ya que no es solamente un derecho, sino también constituye una responsabilidad mayúscula en el sistema democrático". Por otra parte, la diputada cita "a la más alta jurisprudencia del tribunal Europeo, que en el Caso 'Zdanoka v. Latvia' (2006) admitió la exclusión de un determinado grupo de personas para postularse a la función pública, estableciendo que una candidatura bajo circunstancias verosímiles de comisión de delito, se podría constituir fácilmente como un indicativo de cierta flexibilidad por parte de las autoridades del país para lidiar con el problema de la corrupción".
Otras iniciativas para analizar tratan sobre rohibición para ser precandidatos a las personas con auto de procesamiento por grave delito doloso contra el Estado; y sobre imposibilidad de ser precandidatos a los condenados en juicio oral y público a penas privativas de la libertad y hasta ocho años luego del cumplimiento de la condena; entre otros.
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