Diputados reabre por candidaturas testimoniales

Graciela Camaño

Cerrado por la campaña electoral, el Congreso reabrirá el miércoles sus puertas para debatir proyectos de reforma a la Ley de Partidos Políticos. El debate se dará sólo a nivel de comisión, ya que las sesiones están virtualmente clausuradas hasta después de los comicios legislativos del 28 de junio.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, que comanda la peronista Graciela Camaño, esposa del sindicalista opositor Luis Barrionuevo, analizará este miércoles proyectos oficialistas para prohibir a los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad postularse a cargos electivos. Pero la UCR, PRO, Coalición Cívica y Socialismo aprovecharán la oportunidad para presentar sus propias iniciativas contra las candidaturas testimoniales, a días de la consagración de la fórmula oficialista Néstor Kirchner-Daniel Scioli para la provincia de Buenos Aires.
La convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue realizada por Camaño para debatir al menos nueve expedientes presentados desde que la Cámara baja bloqueó la jura como diputados de Antonio Domingo Bussi y Luis Patti por sus antecedentes en la última dictadura militar.
La polémica sobre las incompatibilidades éticas para ser candidato comenzó cuando la diputada Victoria Donda -Libres del Sur- presentó un proyecto acompañada por legisladores del kirchnerismo para reformar la Ley de Partidos Políticos.
Ese proyecto modificaba el artículo 33 bis del Capítulo IV, Título II para establecer que no podrían ser candidatos a cargos públicos electivos ni ser designados para ejercer cargos partidarios a perpetuidad «las personas condenadas judicialmente por delitos vinculados a la desaparición forzada de personas».

Extensión

Pero la prohibición también se extendía a quienes hayan sido condenados por los delitos de robo, defraudación, estafa, malversación de fondos públicos o privados y falsificación de instrumentos públicos o privados.
A su vez, se incluye en la prohibición para ser candidatos a las personas que hayan «usurpado cargos electivos» durante gobiernos de facto, hayan ejercido cargos de ministro, secretario, subsecretario, embajadores, director nacional, jefe de fuerzas de seguridad federales o provinciales entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
El proyecto dispone que «no será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos» y obliga a los partidos a presentar, junto con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos y el último domicilio electoral.
Pero Donda no fue la única que presentó un proyecto de este tipo. La diputada radical Silvana Giudici, el
socialista Miguel Ángel
Barrios, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), el justicialista Jorge Landau y el peronista Ariel Dalla Fontana también ingresaron sus propias iniciativas.