El conglomerado opositor que pretende modificar la ley de alquileres -tiene más votos que el oficialismo, pese a contar con un dictamen de minoría- no logró, en las últimas 72 horas, comprometer a todos sus legisladores para marcar asistencia plena y la sesión pensada para el jueves quedó casi descartada ayer en Diputados, en un escenario que deja interrogantes de cara a las próximas semanas.
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Diputados: se dilata sesión opositora por alquileres
La oposición tiene un dictamen de minoría que vuelve el plazo mínimo de contratos a dos años y cambia la forma de actualización. A los riesgos por ausencias se suman dudas por despacho y buscan negociar en el recinto.
La delicada unión opositora, en su despacho de minoría -el de mayoría fue reafirmado por el Frente de Todos en las comisiones, aunque en el recinto se encontraría en desventaja-, impone que el contrato de alquiler será por un plazo mínimo legal de dos años y no de tres, como ocurre en la actualidad y pretende sostener el kirchnerismo. Por otra parte, el valor del mismo deberá fijarse como único y por mes, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, entre tres y 12 meses, situación que aún levanta dudas en la propia oposición.
Además, las partes tendrán que consensuar un mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio del contrato, que podrá ser el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), o una combinación de dichos índices. Es decir, sin un tope fijo.
Por otra parte, el dictamen obliga a registrar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se gatillan incentivos fiscales para los propietarios en Monotributo, Bienes Personales e Impuesto a los débitos y créditos bancarios.
El oficialismo, en tanto, ya tiene despachadas varias iniciativas y también analiza sesionar antes del receso invernal. Un tema es el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos “fugados” al exterior, que ya aprobó el cristinismo en el Senado, aunque también deberá ajustar las presencias y voluntades en el recinto.
Mientras las bancadas intentan solucionar el panorama de hipotéticas sesiones, las comisiones de Industria -Marcelo Casaretto-; y de Presupuesto -Carlos Heller- de la Cámara baja continuarán con el análisis de varias leyes. Por caso, hoy habrá una reunión informativa para analizar la promoción de inversiones en la industria automotriz. Por la tarde, y en la de Defensa, se debatirá sobre la creación del servicio militar obligatorio comunitario para ciudadanos que no trabajan o estudian.
El Senado tiene el camino más liberado y, en las próximas horas, convocará a una sesión para el jueves, con el objetivo de sancionar el alivio fiscal a monotributistas y autónomos ya aprobado por Diputados, que deberá estar vigente desde julio.
Para el caso de los monotributistas, la facturación de las categorías A, B, C y D aumentará un 60% desde el 1 de julio próximo. Con el acuerdo sellado en Diputados, el nuevo piso para la categoría “A” será de $748.382,07; la “B”, de $1.112.459,83; la “C”, $1.557.443,75; y la “D”, de $1.934.273,04.
Con los autónomos alcanzados por el Impuestos a las Ganancias -140.000 contribuyentes-, la solución que evalúa la iniciativa se centra en incrementar las deducciones, a fin de que el mínimo no imponible quede más cercano al que se aplica a los empleados en relación de dependencia. En resumen, se sube 2,5 la deducción especial y se triplica para “nuevos profesionales”.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que “los cambios introducidos en el recinto -de Diputados, donde la iniciativa impulsada por Sergio Massa y un puñado de opositores fue avalada por unanimidad- implican una mayor disminución de la recaudación en relación a lo previamente estimado”, que sería de $11.067 millones” para el caso del Monotributo y $55.223 millones en autónomos, esto último, a contabilizar en 2023.
El oficialismo sólo dio, por ahora, la señal de acelerar este proyecto. Sin embargo, hay otra iniciativa en bandeja que empuja el cristinismo, dictaminada de manera exprés en la comisión de Trabajo que comanda Juliana di Tullio: la nueva moratoria previsional. También quedan pendientes pliegos de embajadores y otros textos menores.
La sesión del jueves será uno de los platos fuertes. Un día antes, las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia de la Cámara alta reactivarán la discusión para modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia. A los proyectos presentados con anterioridad al debate se le sumó, en los últimos días, otro texto kirchnerista que eleva la cantidad de magistrados en el máximo tribunal a 25. El articulado en cuestión es avalado por varios gobernadores oficialistas, quienes se hamacan entre Alberto Fernández y la titular del Senado, según la semana.
Otras comisiones de la Cámara alta comenzarán a analizar proyectos ya votados por Diputados. Por caso, mañana se tratará la prórroga de impuestos hasta finales de 2022 para sostener a las “industrias culturales”, y para julio se espera que obtenga luz verde la extensión del blanqueo destinado a la construcción, iniciativa presentada en la Cámara baja por Massa y el jefe del PRO, Cristian Ritondo.



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