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Diputados suspendió impuesto a los puertos
Se trata del polémico artículo 26 de la reciente reforma fiscal, impulsada por el gobernador justicialista Daniel Scioli para potenciar el aumento de la recaudación local.
El otro ítem para retocar de ese paquete fiscal en los próximos días es el que contempla una suba del Impuesto Inmobiliario Rural, que finalmente será moderada tras negociaciones entabladas con la combativa Mesa de Enlace provincial. Ambas postales redundarán en una merma en las previsiones de recaudación originales del Gobierno sciolista.
En este marco, hoy Scioli ingresará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2010, que contempla un déficit de $ 5.350 millones, una necesidad de financiamiento por $ 10.700 millones y recursos por $ 65.600 millones. La discusión se anticipa reñida, sobre todo en la incómoda -para el oficialismo- Cámara de Diputados. El gravamen portuario había desatado fuertes cuestionamientos del sector -por la pérdida de competitividad respecto de terminales de provincias vecinas- y de entidades ruralistas, que alegaron que terminará impactando en el bolsillo de los productores.
La intención original era aplicar un gravamen de 18 pesos por tonelada de descarga y de 6 pesos por tonelada de carga de mercaderías, que les iban a representar a las arcas provinciales cerca de 750 millones de pesos anuales adicionales.
Tras intensas negociaciones con empresarios y trabajadores del sector portuario, finalmente se acordó suspender el tributo y aplicar, en cambio, una generalización del pago de Ingresos Brutos a todas las terminales (varios consorcios de gestión pública no tributan por estar eximidos) y un incremento de la alícuota de Ingresos Brutos -del 3,5% al 4,5%- para los puertos que facturen más de $ 30 millones anuales.
En paralelo, el oficialismo no logró asegurar -como se preveía- el tratamiento del proyecto enviado por Scioli para ampliar en $ 980 millones el Presupuesto provincial 2009, para destinar esos recursos a las áreas de Salud y de Desarrollo Social.
En cambio, cosechó la media sanción de la Cámara baja al aval para un endeudamiento por hasta u$s 65 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, y de otro por $ 600 millones con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.


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