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Diputados votó agravar penas para los delitos “in fraganti”
Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, coordina la sesión junto al jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, el radical Mario Negri.
De esta manera, el legislador por Mendoza defendió el proyecto presentado el 12 de abril pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de las críticas de algunos diputados de la oposición, que sostuvieron que esta modificación produce una "condena sin juicio", y al respecto señaló que la iniciativa ratifica "las garantías del debido proceso". Según el proyecto, el detenido debería ser llevado de inmediato al juez, tras lo cual se realiza una audiencia oral primera en 24 horas, a la que debe asistir la persona imputada con su defensor, el juez, el fiscal y la víctima, si quisiera.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, defendió la creación de las figuras de informante, agente encubierto, agente revelador, entrega vigilada y prórroga de jurisdicción, establecidas en el proyecto de ley de "nuevas herramientas de investigación para los delitos complejos".
La diputada trotskista Myriam Bregman criticó con dureza ambas iniciativas gubernamentales y señaló que servirán "para que tengan mucho más poder las fuerzas represivas, bajo la forma de un proceso en apariencia más expeditivo". "Se van a legalizar todas las detenciones arbitrarias, van a ser blanqueadas por la Policía como que la persona fue detenida en flagrancia", afirmó Bregman, abogada defensora de derechos humanos y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
De acuerdo con el dictamen de mayoría, el agente encubierto es "todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación".
El agente revelador, en tanto, es un integrante de las fuerzas de seguridad "designado a fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros, de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos".
En cambio, según el texto del proyecto, "el informante no será considerado agente del Estado", sino que "debe ser notificado de que colaborará en la investigación en ese carácter y se le garantizará que su identidad será mantenida en estricta reserva". Al respecto, la diputada Burgos señaló que "el informante ya existe" como figura policial utilizada y que con esta ley "se busca formalizarla".
Por último, la prórroga de jurisdicción supone que "cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o su integridad psíquica o física o la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez y el fiscal de la causa podrán actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entiendan pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar".


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