Al fin de cuentas, no hubo refundación del capitalismo en la cumbre del G-20 en abril pasado en Londres. Tampoco se creó el supragobierno económico mundial al que algunos decían aspirar. Pese a ello, se anunciaron medidas de regulación de los mercados y de ciertos instrumentos financieros que, de concretarse, implicarían una verdadera revolución en el sistema. Claro que el paso del enunciado a la realización no será sencillo.
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Mientras, en Estados Unidos, el anuncio del presidente Barack Obama de que eliminará los beneficios impositivos para las empresas que operen en paraísos fiscales ya activó a los lobbies promultinacionales, del otro lado del Atlántico; la Unión Europea (UE) es escenario de una dura batalla en torno a un proyecto de regulación de los fondos de cobertura (hedge funds).
La finalidad anunciada de esta reforma es evitar que estos fondos, domiciliados en su gran mayoría en paraísos fiscales, proyecten un «riesgo sistémico» sobre el conjunto de las finanzas internacionales. Pero la propuesta, un borrador elaborado por la Comisión Europea que los 27 países de la UE deberán debatir, no conformó a tirios ni a troyanos.
Para unos es demasiado. Para otros, demasiado poco.
El borrador presentado el miércoles pasado por el irlandés Charlie McCreevy, comisario europeo para el mercado interno, propone un registro de los gestores de hedge funds que, a cambio del cumplimiento de reglas de transparencia, obtendrían así un permiso para operar en todo el territorio de la UE. La obligación de registrarse sólo regiría para los operadores cuyos portfolios superen el valor de 100 millones de euros. Pero la propuesta contiene una sutileza: propone el registro de los gestores de los fondos y no de los fondos mismos. Esto significa que un administrador basado en Londres -plaza donde está radicado el 80% de los fondos europeos-, que desde allí supervisa por ejemplo fondos domiciliados en las Caimán, tendría un «pasaporte» europeo que habilitaría a todos sus depósitos, incluso los offshore, a operar en todos los países de la UE. Actualmente, muchos de esos mercados les están vedados a los fondos domiciliados en paraísos fiscales.
Con este sistema «se fabrica un caballo de Troya», dijeron colaboradores de la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, según el diario francés Le Monde. Irónicamente, Andrew Hill, editorialista del Financial Times, usó la misma figura, pero al revés. Para él, el proyecto es «un caballo de Troya de la Europa continental para tomar por asalto el sistema anglosajón».
Objetivo
La presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento europeo, la socialista francesa Pervenche Berès, dijo al diario Libération que «el objetivo del texto es extender al conjunto de la UE el sistema británico», para que los fondos especulativos escapen «a toda regulación». También cuestionó el piso de 100 millones de euros porque «alentará a esos fondos a escindirse en varias entidades».
Desde la city londinense, en cambio, los operadores denuncian esta «agresiva regulación» y afirman que los beneficios de operar desde plazas offshore desaparecerán si se obliga a los administradores de los hedge funds a operar bajo las leyes de la UE.
El proyecto es cuestionado tanto por los gobiernos conservadores de Alemania, Italia y Francia, como por el socialista español de José Luis Rodríguez Zapero, entre otros. La propuesta contradice además los deseos expresados por la mayoría de los Estados miembros de la UE, el Parlamento europeo y hasta el G-20, en materia de regulación financiera.
Por lo tanto, en este debate, el clivaje no es ideológico. El trasfondo es la eterna rivalidad entre la plaza londinense y otras más modestas, como París y Berlín, que en estas cosas suelen actuar en tándem.
Los críticos del proyecto hablan de una cortina de humo para disimular la ausencia de cambios de fondo. Al presentar el proyecto, McCreevy contradijo la intención misma de la reforma, al decir que «la falta de regulación no fue el origen de la crisis financiera» y que los hedge funds no son «la causa de las actuales turbulencias». Esto significa que el poder de lobby del sector no es desdeñable y que no será fácil evitar la trampa del gatopardismo financiero.
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