Dos exfuncionarios, a indagatoria por Tandanor

Antonio Erman González

La Justicia reabrió una de las causas en las que se investiga la privatización de los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y en la que son investigados el exministro de Defensa Oscar Camilión y el economista Orlando Ferreres, entre otros exfuncionarios del Gobierno de Carlos Menem. La resolución de la Sala II de la Cámara Federal porteña de revocar los sobreseimientos de los imputados derivará en que serán llamados a declaración indagatoria, según afirmó el abogado José Luis Fabris, querellante en nombre del Estado.

Se trata de un desprendimiento del expediente principal sobre la privatización, en el que figuraba como principal acusado el exministro Antonio Erman González -fue embargado poco antes de morir, en 2007- y que pasó a archivo por prescripción en 2011 tras más de diez años de tramitación. En este caso, la investigación se basa en las sospechas en torno a los miembros de la comisión de preadjudicación de Tandanor, integrado por exfuncionarios de los ministerios de Defensa y Economía.

En un fallo dividido, los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Freiler consideraron «apresurado» el sobreseimiento que dictó el juez de la causa, Claudio Bonadío, por entender que resolvió de ese modo sin siquiera llamar a declaración indagatoria a los acusados.

La venta del 90% de las acciones de Tandanor se concretó en 1991 a la empresa Inversora Dársena Norte (Indarsa) por $ 60 millones (entonces igual a dólares), de los que pagó sólo 7 millones. Poco después de la privatización, la empresa favorecida vendió en u$s 18 millones parte del lote donde está ubicado el astillero, cerca de la zona de Puerto Madero, para un emprendimiento inmobiliario.

Con la resolución del tribunal quedaron a las puertas de ser citados a declarar Camilión, Ferreres (que integró la comisión de preadjudicación por el Ministerio de Economía), Roberto Tardía (exinterventor de Tandanor) y otros exfuncionarios, como Ana Kessler, Diego Estévez, Juan Antonio Ferreira Pinho, Juan Carlos Casas, Juan Carlos Moreno Campos, Gabriel Herrero, Horacio Carril y Juan Alberto Blanco, junto con otros sospechosos ligados al astillero como Inés Slezak de Murphy, Oscar Castro y Miguel Ángel Malvicini. El camarista Eduardo Farah votó en sentido contrario a sus colegas por entender que el juez Bonadío agotó las instancias de instrucción en el expediente.

En la causa principal y hasta su fallecimiento, Erman González estuvo acusado y procesado por presunta administración fraudulenta y defraudación al fisco. Camilión, por su parte, había sido sobreseído durante la instrucción. El sumario había arrancado con una denuncia del propio Ministerio de Defensa y giraba en torno de las sospechas en cuanto a que la privatización había sido motorizada para favorecer el posterior negocio inmobiliario.

En marzo de 2007, un decreto del entonces presidente, Néstor Kirchner, devolvió el 90% del paquete accionario al Estado y el fisco recuperó el dinero de la operación. Si bien la causa principal fue declarada prescripta por el Tribunal Oral Federal 5, que se aprestaba a iniciar el debate público, el abogado Fabris apeló esa decisión.

El querellante se quejó de la actuación de Bonadío en el expediente al afirmar que el segmento en el que se investiga la posible responsabilidad de la comisión de preadjudicación en la maniobra «estuvo paralizado cinco años» y sin que el magistrado resolviera citar a indagatoria a los sospechosos. Y agregó: «Da la impresión de que para el juez, la inacción procesal es una forma de acceder al sobreseimiento».