Duros reproches de la AGN a casas de Bonafini

Pagos presuntamente irregulares a funcionarios, deudas previsionales con obreros, desembolsos a personas ajenas a los emprendimientos e incumplimientos en los plazos de las obras fueron algunas de las inconsistencias halladas en el programa de construcción de viviendas sociales que el Gobierno pactó con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que derivó en una megacausa judicial en contra de sus exapoderados Sergio y Pablo Schoklender, entre otros. El diagnóstico forma parte de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que preside el radical Leandro Despouy, presentado ayer en respuesta a un pedido hecho por la Justicia.

"El manejo del dinero ha sido poco transparente. Hubo pagos por 225 mil pesos a funcionarios públicos (de Nación y provincias) que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones", advirtió ayer Despouy al presentar el estudio del organismo auditor. Acotó que "más de 36 millones de pesos en cheques" fueron emitidos por la fundación que lidera Hebe de Bonafini a nombre de los hermanos Schoklender y que debían tener como destino la construcción de viviendas sociales como parte del programa Sueños Compartidos que el Estado les encargó a las Madres. Despouy precisó que entre los funcionarios supuestamente involucrados figuran los ahora expresidentes de los institutos de la vivienda de la Capital Federal Claudio Freidin, y de Santiago del Estero, Daniel Nasif.

El informe aludió a pagos millonarios a "personas físicas, en forma sistemática, con cheques por sumas inferiores a 50 mil pesos cobrados por ventanilla", una modalidad que fue el centro de la investigación que llevó adelante el juez federal Norberto Oyarbide hasta ser apartado por la Cámara Federal luego de criticar con dureza su método de trabajo. En la actualidad las causas sobre las obras y en contra de los Schoklender se encuentran en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

"Una sola persona cobró la suma de 4 millones de pesos mediante 85 cheques", señala el estudio. Agrega que los plazos de construcción fueron incumplidos en el 77% de las obras hasta principios de 2011, cuando le fueron quitadas a las Madres y entregadas a las administraciones de cada distrito. Sobre ese punto, la AGN agregó que sólo el 30% de las obras fueron terminadas y demandaron la ejecución del 70% de los fondos previstos para la totalidad. "No pudo demostrarse la aplicación total de los fondos transferidos por el Gobierno nacional", añadió el estudio.

Entre otros puntos, se objetaron las contrataciones directas (no hubo licitaciones); la cesión de algunas obras de las Madres a empresas privadas; la falta de pago de aportes a la seguridad social de los trabajadores y del depósito del fondo de desempleo de la actividad, y el carácter precario de los documentos que aseguran la tenencia de las viviendas.