Obama explicó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que el secretario del Tesoro, Jack Lew, le solicitó y obtuvo la renuncia del jefe de la agencia tributaria IRS (Servicios de Impuestos Internos), Steven Miller, al tiempo que prometió la implementación de reformas que garanticen que no se repitan hechos similares. Al calificar los hechos de "inexcusables", Obama dijo que "los estadounidenses tienen derecho a estar molestos". "Yo estoy enojado. No toleraré este tipo de comportamiento en ninguna agencia, menos aún en la IRS", dijo.
Desde 2010, el IRS impuso un escrutinio especialmente exigente a grupos que tenían las palabras Tea Party o "patriota" en su nombre, pero también a otros que eran simplemente críticos con el Gobierno de Obama. Las prácticas tenían lugar dentro del examen que la agencia federal hace de los grupos que buscan una exención de impuestos, cuyo número se multiplicó a raíz de una decisión de 2010 del Tribunal Supremo de EE.UU., que abría la puerta a más grupos políticos a solicitar ese estatus.
Otro de los destacados funcionarios del Gobierno que se encuentra bajo la lupa es el fiscal general Eric Holder, quien ayer debió responder a preguntas de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes sobre el espionaje a periodistas de Associated Press (AP). De acuerdo con el gigante de la comunicación, los investigadores federales recopilaron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford. "No fui la persona que tomó esa decisión", indicó Holder en respuesta a la pregunta realizada por el presidente del comité, el republicano Bob Goodlatte, que presionó al secretario para saber por qué motivo se procedió a obtener el registro de las llamadas telefónicas de la agencia. Tras la insistencia de Godlatte y otros representantes, Holder finalmente confirmó que fue el subsecretario de Justicia, James Cole, quien autorizó el requerimiento para obtener los registros en sustitución del propio fiscal general, que se había separado de la investigación por ser "un testigo de facto". Según Holder, "existen excepciones a las normas" para ejecutar este tipo de requerimientos sin necesidad de notificarlo para poder recabar la información necesaria y no poner en peligro la investigación. La filtración, denunciada por los críticos como una intromisión a la libertad de prensa, significó un retroceso para Washington y despertó cuestionamientos a la manera en que la Casa Blanca está equilibrando la necesidad de seguridad nacional y los derechos de privacidad.
| Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA, y Ámbito Financiero |
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