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Echegaray: “Función de AFIP de fiscalizar a los contribuyentes está amenazada”
Para demostrar que son numerosos los funcionarios que caen en fiscalizaciones de la AFIP, y que “no denuncian persecuciones políticas por ello”, Ricardo Echegaray mostró una lista de ocho contribuyentes que están siendo investigados. La encabeza Oscar Parilli, secretario general de la Presidencia, seguido por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. En el grupo también están incluidos Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema, y el senador Rolando Bermejo. Sobre el caso Lorenzetti, el titular
El tema surgió ayer luego de que el titular del ente recaudador anunció la recaudación de junio junto al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. Se le consultó si el organismo estaba investigando a los hijos de Lorenzetti, como trascendió la semana pasada, y Echegaray comenzó a responder con un largo relato desde que se enteró de la noticia a la distancia (estaba en París en un encuentro de la OCDE). Contó que cuando regresó, el viernes pasado, le pidió al titular de la DGI informes sobre lo que estaba pasando. A partir de ese momento, Echegaray apeló a mostrar documentos, que fueron transmitidos en el mismo amplio monitor donde acababan de proyectarse, como se hace mensualmente, los datos de la recaudación.
Con minuciosidad, mostró primero un informe en el que Angel Toninelli (a cargo de la DGI) le relató que el administrador de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, lo llamó por teléfono para manifestarle "su desagrado y el de Lorenzetti respecto de una supuesta investigación que este organismo estaba llevando a cabo sobre él y sus hijos". El funcionario de la DGI lo invitó a encontrarse al día siguiente para aclarar el tema, reunión que se realizó en el edificio de la AFIP, y fue allí donde Marchi -"quien administra todos los recursos del poder judicial", enfatizó Echegaray- reiteró "que en la reunión de acuerdo se estaba evaluando la posible denuncia penal al Admistrador Federal por extorsión y abuso de autoridad".
Toninelli le explicó que Lorenzetti y sus hijos no están siendo fiscalizados, sin embargo le comenta que es el propio Marchi quien presenta irregularidades en la presentación de su declaración jurada de 2012. Y también que la firma Ratio SA (de la que Echegaray dijo que son dueños los hijos de Lorenzetti) "compró un inmueble a nombre de una sociedad del exterior que podría ser indicio a tomar futuras investigaciones". A menos de una hora de que Marchi se retiró de esa reunión, volvió a llamar a Tonielli para encontrarse nuevamente. Según consta en el informe y según reprodujo Echegaray ayer, el contador de la Corte Suprema advirtió al funcionario de la DGI que Lorenzetti iba a tener una reunión con la Presidente y antes quería que ratificará lo que antes le había comentado. Tonielli accedió y de esa nueva reunión (que se produjo a las 16) participó también Carmen Odasso, directora de Administración.
"A nosotros nos parece muy grave esta situación. Vemos amenazada la función de la AFIP de fiscalizar a todos los contribuyentes de manera igualitaria. Estamos evaluando la situación", resumió Echegaray. Y aclaró que en relación con que el Fisco está involucrado en muchas causas que el máximo tribunal tiene que definir, "podría haber causal de recusación por enemistad manifiesta. Si hay que recusar a los jueces, lo haremos, porque incluso la ley nos obliga a eso".
El titular de la AFIP enfatizó que el máximo tribunal plantearon que en la próxima reunión se realizarán gestiones relativas a la investigación "de un caso particular que es el de un familiar del titular de ese órgano. Esto es un acto impropio de la Corte, se trata de avanzar sobre tareas que le son propias a la AFIP por ley", dijo. Si actúa así, "la Corte no da garantías ni muestra la independencia de poderes. Nunca vi que una institución se ocupe de un miembro de su familia en una reunión formal".
Echagary aclaró además que no habló de este tema con la Presidente y que tampoco tiene previsto un encuentro en la Corte, porque no se le fue solicitado. Recordó incluso que la última vez que estuvo reunido con miembros de ese tribunal fue durante los primeros días de junio para resolver una deuda de medios asociados a AEDBA (en particular la del diario La Nación, que concentra el 60% con $ 300 millones adeudados) que aún no se destraba, producto de una medida cautelar que está por cumplir 10 años.
Por otro lado, Echegaray aseguró que el organismo que encabeza "no dará información sobre el resultado del blanqueo hasta que finalice", lo cual ocurrirá el 30 de septiembre. Agregó que hubo 300.000 casos detectados de contribuyentes con sociedades en el exterior sin declarar, de los que se espera ingresen al blanqueo. "En algunos casos podrá haber denuncias penales si no se presentan", dijo.


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