Economía-gate: la Justicia casi no se dio por enterada

Juan Intelisano

Aunque en la denuncia por el presunto pago ilícito de $ 54 millones por parte del Estado al grupo de aseguradoras Accolade Pool hasta se presentaron los números de cuenta donde habría sido depositado el dinero, la Justicia apenas acusó recibo del escándalo en el Ministerio de Economía hasta el momento. El único que respondió a la gravedad de la investigación presentada fue el juez Sergio Torres, a cargo de la denuncia por supuesto lavado de dinero realizada por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Raúl Pleé. Hace 10 días, antes de tomarse licencia, el magistrado congeló ocho cuentas bancarias y pidió informes al Banco Central y a la AFIP sobre 20 personas y sociedades, que figuran como supuestas beneficiarias del cobro. Después de esa orden, el caso volvió a quedar paralizado.
La situación es peor en el juzgado a cargo de la denuncia presentada el 15 de diciembre pasado por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido: la jueza María Romilda Servini de Cubría no tomó ningún tipo de acción al respecto, incluso cuando podría haber habilitado el caso durante la feria como medida excepcional, al tomar estado público.
Información
Con el fin de la feria la semana que viene, se asoma la posibilidad de que la denuncia empiece a moverse realmente en la Justicia, sobre todo porque allegados a la FIA y a la UIF aseguran que las investigaciones han recabado toda la información necesaria para avanzar con la causa. En Economía, sin embargo, dudan de que la investigación avance rápido, en especial, la que refiere a «la ruta del dinero». Este aspecto se concentra en el camino que habría seguido el pago, luego de que el ex director de Administración Juan Cayetano Intelisano (suspendido de su cargo hasta que la Justicia dicte una sentencia, a raíz de la denuncia) autorizó el pago.
Jorge Enrique Rodríguez, Jorge Pallavicino, Darío Morresi y Walter Oscar Bonavera habrían sido nombrados como apoderados por diferentes empresas extranjeras, como Aquamarine y Avincor, quienes a su vez cedieron el dinero a otras compañías como Superbe y Donatel SA (también vinculada a un supuesto cobro irregular de Astilleros Mestrina en marzo de 2001, donde esta vez fue Bonavera quien firmó como apoderado de la empresa).
A partir de esa instancia, el dinero se habría diluido en diferentes sociedades, sin ninguna lógica comercial e intentando imposibilitar el rastreo de los fondos. Pero, a pesar de la cantidad de información presentada y las primeras medidas decididas, dentro del ministerio comentan que es difícil que este segmento de la investigación avance.
Sumario
Esto se debe, por un lado, a la cantidad de tiempo que pasó desde que se descubrió la irregularidad en 2007 y se inició un sumario interno (apenas días después de que Intelisano aprobara el pago) hasta que se presentó la denuncia penal. Los culpables habrían tenido tiempo de más para tapar pruebas.
Por otro lado, el caso está en el juzgado de Torres, quien tiene a cargo la megacausa ESMA. Este proceso se ha transformado en una prioridad, tanto para la Justicia como para el Gobierno, luego de que la Cámara de Casación ordenó la liberación de los represores Alfredo Astiz y Jorge Acosta (junto con otros ex militares), por estar excedidos en los términos de prisión preventiva sin condena, todos imputados en la causa. De hecho, fue por esta razón que Torres se quedó durante enero en Tribunales: para avanzar en este proceso. Lo que favoreció en un primer momento el caso de los $ 54 millones podría ser lo mismo que lo retrasara una vez que se reaunude la actividad normal.
Foja cero
La investigación que está a cargo de Servini de Cubría (el centro de la denuncia) se encuentra en foja cero. Mientras funcionarios y ex funcionarios se señalan mutuamente como responsables del pago, y se empiezan a multiplicar las versiones, la denuncia de Garrido duerme por el momento en algún cajón de Comodoro Py. El caso del que deberá encargarse la magistrada a partir de la semana que viene tampoco es para nada fácil. Desde Economía ahora incluso se afirma que, en realidad, Intelisano no habría incurrido en ningún tipo de irregularidad según la reglamentación del ministerio. Es decir, desde este punto de vista, el ex director administrativo y ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial, con más de 30 años de función pública y varias denuncias en su contra, sería inocente.
Pero, además, la intervención de Intelisano sería el menor de los problemas, de avanzar y profundizarse la investigación. Ya hace años que circulan casos similares, con la misma modalidad y las mismas personas interviniendo (supuestamente con Iván Holjevac a la cabeza), e importantes ex funcionarios de diferentes gobiernos podrían ser señalados por las derivaciones de la causa. Por el momento, las vacaciones para la Justicia siguen.