El auge minero, ¿un camino al desarrollo?

Las provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) encaran 2013 con un importante desafío: unificar criterios en cuanto a su participación en la renta que se obtiene de la actividad extractiva.

Con grandes proyectos en carpeta (entre los más avanzados figura el binacional Pascua Lama en San Juan y Potasio Río Colorado en Mendoza, y lejos del podio por su inversión inicial y potencial, Cerro Negro en Santa Cruz), las provincias mineras comenzaron este año a afianzar una estructura para obtener mayor rédito económico de la explotación de sus recursos.

Ahora bien, el destino de esos recursos extraordinarios -que los distritos cortos de finanzas apuntarán a atender gastos corrientes-, es parte de otra discusión que tal vez sea la más importante que deberían evaluar las gobernaciones mineras.

Al menos siete de las diez provincias con recursos metalíferos posicionaron -y algunas crearon- empresas públicas para asociarlas con las privadas y compartir utilidades en los nuevos emprendimientos. Como ejemplo pionero se cuenta la sociedad del Estado santacruceño Fomicruz, accionista de la operación de la mina de oro Cerro Vanguardia. En la tierra patagónica, que Cristina de Kirchner subrayó como emblema de la asociación minera entre lo público y lo privado, el gobernador Daniel Peralta, sin embargo, pretende otros mecanismos para captar más ganancia. Logró que la Legislatura apruebe la aplicación del máximo porcentaje (3%) de regalías a todos los emprendimientos mineros actuales y futuros, e insiste con mayor presión fiscal sobre el sector.

Para delinear próximos pasos, la OFEMI prepara un último encuentro del año en San Juan. En esta provincia se da otra paradoja: a pesar de ser la destacada por empresarios y trabajadores como «la que más se ha desarrollado para y por la minería», lleva adelante otro modelo de captación de beneficios.

Sin asociaciones del Estado provincial con las grandes mineras, el Gobierno de José Luis Gioja maximiza la participación en la renta de las mineras con fideicomisos especiales e incentivó el desarrollo de proveedores locales.

En tanto, la estatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que forma parte de la operación del yacimiento catamarqueño Bajo de la Alumbrera, es un caso excepcional. Por ser propietaria de los derechos de explotación, le corresponde el 20% de las utilidades. Atenta al cierre próximo de esa mina de cobre en 2017, la gobernadora Lucía Corpacci busca ahora nuevos acuerdos de asociación con el proyecto Agua Rica. Definir cómo suplir con ese megaemprendimiento lo que obtiene de La Alumbrera -un 14% del total de sus ingresos- es hoy para Xstrata Copper, la firma a cargo de los dos proyectos, la incógnita más grande por desatar hasta aprobar la factibilidad del nuevo emprendimiento a mediados del año que viene.

Frente al despliegue de manifestaciones ambientalistas contra el uso del cianuro en las minas de oro y las explotaciones a cielo abierto, el sector empresario celebra el aval político puesto en papeles con la creación de la OFEMI, bajo la batuta del Gobierno nacional. Pero mantiene un ojo bien abierto, atento a la posibilidad de ver afectado su margen de rentabilidad con nuevos mecanismos que podrían ampliar la intervención del Estado en sus negocios.

«Algunos proyectos mineros están evaluando el esquema de trabajo que les van a proponer las distintas provincias porque, si bien existe la ley nacional de inversiones mineras, cada distrito tiene sus condicionamientos particulares», dijo para este Anuario el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Martín Dedeu.

Un informe que presentó en octubre la consultora Abeced, confeccionado a pedido de la CAEM, señala que durante 2010 la minería aportó $ 5.600 millones a la Nación y a las jurisdicciones provinciales. Del total, unos $ 4.750 millones correspondieron a conceptos tributarios, de los cuales un 88% le corresponde a la Nación.

«Los $ 850 millones restantes fueron aportes a entes públicos y fondos fiduciarios, de los cuales las provincias se quedaron con un 84%», describe el resumen ejecutivo y concluye: «Los aportes no fiscales que realizan las empresas del sector al conjunto de las provincias adquieren mayor relevancia y son un 29% mayores que los aportes fiscales». Al respecto, el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, también ponderó la concreción de la OFEMI, aunque no sólo porque «es bueno unificar criterios», sino sobre todo «porque cuando llega la hora de los beneficios, son mayores los que obtiene la Nación».

«Si el dinero de la minería llega a la sociedad, va a ser aceptada. Si fomentamos la actividad y se continúan sumando proyectos, pero la sociedad no es tocada por sus beneficios, se la seguirá denostando», opinó Laplace, quien consideró que «si van a gastos corrientes, es muy difícil que el habitante común lo perciba».

Más allá de la discusión por unificar un criterio para obtener más renta, se advierte que la lupa cambió de dirección. Hoy, los mayores interrogantes no se enfocan en aspectos ambientales o en el control de lo que se llevan del país las grandes corporaciones, sino que recaen sobre qué se puede o debe hacer con el dinero de la minería.«No se puede pensar que si se asienta en una provincia un proyecto minero nos salvamos todos. Y hay provincias que todavía creen eso», disparó el referente de los trabajadores.