El debate por tarifas no terminará con el veto

• EL GOBIERNO NO MUESTRA FLEXIBILIDAD PARA ENCARAR EL TEMAEs por el alto impacto que tendrán las boletas de gas en el invierno, y por los aumentos que están pendientes para el segundo semestre contemplando índices de precios y tipo de cambio.

Ideólogo. Cornejo es el que le llevó la propuesta a Macri.

El Gobierno llegó a la votación de ayer en el Senado sobre tarifas a la que sucederá el veto ya anunciado, sin mostrar flexibilidad para atender a la preocupación creciente sobre las facturas a pagar en los servicios de gas y electricidad.

Entre la ley que se votaba anoche, con un costo fiscal de más de $115.000 millones como calculó el Ministerio de Hacienda, y la aplicación estricta de las decisiones del Ministerio de Energía, hay alternativas que no se exploraron.

En la propuesta que la UCR le llevó al Gobierno el 19 de abril -de la mano del gobernador mendocino Alfredo Cornejo-, había ya un alivio posible para el gas. Se pedía prorratear los consumos de los bimestres 3,4 y 5 con el del bimestre 6 de este año, y el 1 y el 2 de 2019; postergar un bimestre la drástica reducción en la tarifa social e ir bajando progresivamente el beneficio para los meses de julio a octubre; y posponer hasta octubre de 2019 el 50% del último aumento autorizado a transportistas y distribuidoras.

Según el documento, las medidas aconsejadas permitirían que el 75% de los residenciales que usan gas por red pagaran una factura mensual uniforme todo el año de $650 a $750. En cambio, con el esquema actual esos mismos usuarios afrontarán facturas de $1.000 a más de $2.300 mensuales en el próximo invierno.

Lo que el radicalismo planteó tenía costo fiscal porque incluía la postergación por el bimestre mayo-junio de la reducción de la tarifa social (esto es lo único que se hizo) y una disminución progresiva en los bimestres de julio a octubre.

También el Estado nacional probablemente debía hacerse cargo del gasto financiero por el pasaje a una tarifa plana todo el año. Pero aunque no se hicieron los cálculos, el costo para el fisco hubiera sido muy inferior al de la ley de la oposición.

Además, el documento ya afirmaba a mediados de abril que la política tarifaria fue planteada para "escenarios macroeconómicos que no se están cumpliendo, tal como fueron previstos", a lo que se sumó después la devaluación del 25% y la aceleración de la inflación, lo que acentúa la gravedad de la situación para residenciales y pequeñas empresas.

De la propuesta, el Gobierno descartó la tarifa plana y sólo anunció cuotas para el 25% de las facturas de los dos bimestres de invierno con intereses que todavía no se precisaron, sólo aceptó retrotraer el beneficio de la tarifa social para mayo-junio, y ni siquiera contempló la posibilidad de postergar hasta octubre de 2019 el 50% del último aumento autorizado a transportistas y distribuidoras.

Este último aspecto no tenía costo para el Estado. Hubiera implicado reprogramar las obras pactadas al autorizarse la revisión tarifaria integral, que de todos modos ya deben reverse por el impacto del tipo de cambio y los precios. Tampoco significaba alterar contratos, porque en la revisión tarifaria las transportistas y distribuidoras tienen asegurados los ingresos hasta 2021, de modo que cualquier alteración debe ser reconocida y luego trasladada a los usuarios.

Según las estimaciones de la UCR, si se aplicara la propuesta para el gas:

El primer segmento de usuarios (55%) R1, R21 y R22 pagará hasta $650 mensuales.

El siguiente segmento de usuarios (25%) R23 y R31 pagará hasta $ 750 mensuales.

El siguiente segmento de usuarios (15%) R32 y R33 pagará hasta $1.900 mensuales.

También puede decirse que la oposición no tuvo generosidad para tomar la propuesta del radicalismo y mejorarla sobre todo en lo que se refiere a los aumentos pendientes para este año y para el próximo.

Si no hay cambios, en agosto volverán a aumentar las tarifas de Edenor y Edesur por índice de precios, y en octubre subirán el precio mayorista de la energía y el valor del gas en boca de pozo ambos dolarizados y en sendero ascendente, y se ajustarán lo que perciben transportistas y distribuidoras gasíferas por precios mayoristas.