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El escándalo Madres se cobró a la hija de Bonafini
Hebe de Bonafini
Las explicaciones por la salida de la ahora exapoderada fueron variadas: la judicial, remite a los datos que constan en el expediente que lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide y que involucran como sospechosa a Alejandra Bonafini en una operación inmobiliaria, y en otras dos que se conocieron en las últimas horas.
También se mencionó una pelea entre madre e hija por los atrasos en las obras de construcción de la Misión Sueños Compartidos en la provincia de Chaco. La falta de pago por las obras habría desencadenado una discusión entre Alejandra, que se supone intentó presionar a funcionarios para agilizar los desembolsos, y su madre, quien prefería ahorrarle un escándalo al Gobierno en plena campaña electoral.
Objetivo
Desde las Madres, en tanto, alegaron que más allá de diferencias puntuales entre ambas, la renuncia de Alejandra estaba prevista: dijeron que el objetivo era permanecer de cuatro a seis meses como apoderada para luego dedicarse a su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.
En todos los casos la información coincide en que la mujer dejó el cargo el viernes pasado y que desde entonces no volvió a las oficinas de las Madres. En un primer momento se habló de Sergio Gandolfo como reemplazante, pero ayer por la tarde lo desmintieron en la organización. Es que Gandolfo figura también como imputado en el expediente judicial.
En paralelo, el nombre de la hija de Bonafini volvió a mencionarse en el expediente. Por lo menos dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados a tribunales por la Unidad de Información Financiera (UIF), de José Sbatella, refieren a movimientos de dinero de Alejandra Bonafini de difícil explicación. Se trata de operaciones comerciales que la UIF no especificó en sus envíos pero que datan de 2008, en un caso, y de este año, en el otro. La hija de la dirigente ya figuraba como sospechosa en el sumario por la adquisición de una casa en La Plata por un valor de 380 mil dólares.
Llegada
Los ROS llegaron al juzgado de Oyarbide y el magistrado los remitió al fiscal de la causa, Jorge Di Lello, para su análisis. En total, como informó este diario, la UIF envió 56 cuerpos de operaciones sospechosas de por lo menos 29 entidades, en las que se menciona a imputados en el expediente.
En tanto, Schoklender prometió volver hoy al juzgado de Oyarbide para cumplir con el pedido de sobreseimiento que había anticipado la semana pasada. Llevará, dijo, cintas con las declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Planificación, Julio De Vido, en las que los funcionarios alegan que en el escándalo no hubo desvío de fondos públicos.
También le dijo a este diario que en los próximos días se presentará ante el Consejo de la Magistratura para radicar «una denuncia muy seria» contra Oyarbide por presunta «denegación de justicia, prevaricato y otros delitos» que no quiso precisar. «El juez está a las órdenes de Aníbal Fernández, y negociaron parar la causa hasta después de las elecciones», afirmó el exapoderado de las Madres.


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