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El escándalo que puso en carrera a Dilma (y ahora puede afectarla)
La presidenta, según fuentes gubernamentales citadas por la prensa local, ordenó al Gobierno «blindarse» ante el desgaste que pueda tener por el juicio contra 38 personas que comenzará el jueves en el Supremo Tribunal Federal por supuesto pago de sobornos a cambio de apoyo al Gobierno de Lula da Silva, en los dos primeros años de gestión, entre 2002 y 2004.
En 2005, la denuncia según la cual el PT montó un sistema financiero para abastecer ilegalmente de dinero a partidos aliados derribó a José Dirceu, brazo derecho de Lula da Silva, del cargo de ministro coordinador.
Dirceu, tal vez el único que se acerque a Lula da Silva en influencia dentro del PT, era el candidato natural para la sucesión del exsindicalista en los comicios de 2010. A partir de ese escándalo de corrupción que Lula da Silva interpreta como un intento para sacarlo del poder por parte de las oligarquías tras haber sido el primer obrero en llegar a la presidencia de la máxima potencia latinoamericana, Rousseff ganó un poder inesperado.
Ella era ministra de Minas y Energía, elogiada por Lula da Silva por su capacidad gerenciadora de Petrobras y de garantizar los puntales para el crecimiento económico. Exguerrillera como Dirceu, tenía perfil gerencial y fue designada ministra coordinadora.
Lula da Silva superó la crisis del «mensalao» y obtuvo la reelección con el 61% de los votos en 2006, con Rousseff como la gran gerenta de la obra pública y la presencia del Estado en los resortes de la economía, lo que la convirtió en la candidata natural.
De acuerdo con el diario O Estado de Sao Paulo, Rousseff, a la par del juicio que se extenderá durante agosto y septiembre, ordenó a sus ministros trabajar en una «agenda del desarrollo» con medidas para paliar los efectos de la crisis europea.
Un asesor del Ministerio de Defensa, asiduo consejero de Rousseff, el exguerrillero José Genoino, está acusado en el juicio que llevará adelante el Superior Tribunal Federal (STF) porque en la época era el presidente del PT.
Fuentes gubernamentales sostienen que la presidenta coincide con la tesis de defensa de los acusados: que no existen pruebas de que el PT haya montado un sistema de desvío de dinero de unos 20 millones de dólares para comprar votos de diputados propios y de partidos aliados.
El «mensalao», según la fiscalía, fue un pago de sobornos realizado con dinero público a partir de un contrato del Banco do Brasil (BB), estatal, con la agencia publicitaria del empresario Marcos Valerio, quien distribuía el dinero entre petistas y aliados a través de una entidad privada, el Banco Rural.
El tesorero del PT en la época, Delubio Soares, asumió la mayor parte de la responsabilidad del caso, y dijo que fue un sistema de contabilidad ilegal de dinero para financiar campaña de partidos aliados y no un pago de sobornos. «Lo que querían en 2005 era el juicio político de Lula», dijo Soares el sábado en un acto organizado por el PT para reivindicar su figura.
Además de los acusados, en el centro de la escena estarán los miembros del Supremo Tribunal Federal, entre ellos Gilmar Mendes y Pedro Toffoli.
Mendes, exfuncionario del Gobierno de Cardoso, acusó a Lula da Silva de haberlo presionado en mayo pasado para postergar el juicio para después de las elecciones municipales de octubre, ya que una condena a la explana mayor del PT comprometería al partido. La campaña giraría en torno del caso de corrupción.
Lula da Silva negó esa presión. Otro juez que está en la mira de los grandes medios es Toffoli. Si Mendes fue el abogado general de la Unión de Cardoso, Toffoli llegó hace dos años a la máxima corte tras haber sido abogado del PT.
Agencia ANSA
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