El funcionario recaudador es, ante todo, un servidor público

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A todo profesional que haya estudiado más o menos profundamente Finanzas Públicas en la facultad e inclusive a los estudiantes de materias como Educación Cívica y Ciudadana antes de llegar a la instancia universitaria, nos han enseñado que el Estado es una entelequia destinada a satisfacer las necesidades de la población, entre las que se encuentran la seguridad y la protección del patrimonio de los ciudadanos.

Es cierto también, e igualmente lo aprendemos desde chicos, que para cumplir con tal actividad esencial, el ciudadano debe proveerle a su Gobierno los medios necesarios para su operatividad. Esto es, ni más ni menos que cumplir con sus contribuciones fiscales.

Dada la naturaleza humana, el correr del tiempo fue demostrando que para que todos contribuyéramos igual y todos pagáramos lo que nos corresponde debía crearse un organismo especializado, dentro del andamiaje administrativo, encargado de fiscalizar y administrar la recaudación tributaria.

Ésa es, muy sintéticamente, la razón por la que nacen las direcciones de rentas municipales, provinciales y hasta la actual Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP de aquí en adelante.

Siguiendo con las cuestiones consabidas, debemos resaltar dos aspectos más, tan sólo para dejar expresamente aclarado que no desconocemos la naturaleza de las funciones ni la finalidad que persigue el Fisco en su accionar, sino que, por el contrario, ya que entendemos perfectamente cuál debe ser el rol a cumplir, nos atrevemos a formalizar la presente crítica y el consiguiente reclamo.

La primera de las cuestiones que deseamos recordar es que, obviamente, para poder llevar adelante su tarea de control, a la inspección corresponde otorgarle facultades que la pongan en una situación de preeminencia en lo que hace estrictamente a la relación de derecho que se denomina obligación tributaria, por la cual el contribuyente debe cumplir con su obligación de dar y, cada vez más, con su deber de informar.

Lo segundo, e íntimamente relacionado con aquello, es que tales potestades están clara y expresamente regladas en la ley, con el objetivo de evitar discrecionalidades y abusos de los funcionarios y siempre con la finalidad última de salvaguardar los derechos y garantías de los ciudadanos. Debemos ser enfáticos en ello; el rito formal se crea para delimitar las atribuciones de la administración con el ánimo de proteger al contribuyente y no de dañarlo.

Surge entonces un plexo normativo en donde, si bien aparentemente el sujeto activo, el Estado, tiene preeminencia en la relación, ésta se limita estrictamente a la que surge de la ley, y solamente referida a la acción -obligación de percibir los tributos-, situación relativa que se desvanece rápidamente y se balancea (hasta inclinarse en sentido contrario, diríamos) con las garantías constitucionales.

Tales garantías, que provienen del mismo contrato social que alguna vez definió Rousseau, y fue incorporado conceptualmente en las cartas magnas de los Estados de derecho desde allí en más, requieren que todo funcionario público antes de cumplir su tarea específica (incluso la de recaudar) sea un servidor público, es decir que se ponga al servicio, que priorice la atención de su cliente: el ciudadano-contribuyente.

Esto conlleva la ilusión (a veces parece que en nuestro país es mera utopía) de que ese agente del Estado, que tiene su trabajo, come y vive gracias al aporte que le realiza la persona que está del otro lado del mostrador, piense en todas las alternativas y posibilidades para hacerlo sentir mejor, para mejorarle la calidad de vida.

Desde luego que debe procurar que el contribuyente cumpla con su obligación, pero siempre ocupándose de que lo haga de la forma más cómoda posible (en el amplio sentido de la frase) y de la manera que lo afecte lo menos posible.

Esa concepción implica abandonar la percepción de que todos los contribuyentes mienten, ocultan base imponible y que sus asesores tributarios son los orquestadores de hechos delictivos, bandas piratas y exacciones al erario. Esa idea requiere recordar el ar- tículo 18 de nuestra Constitución nacional, que establece claramente que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo, es decir, ni más ni menos que el principio de inocencia.

Pero, sobre todo, debe comprenderse que la ley no es un arma para atacar a todo aquel que se digne a emprender una actividad comercial en el país, sino una manta con la cual cumplir el trabajo que debe llevar adelante, pero siempre protegiendo lo más importante, la indemnidad ciudadana.

Que hay evasión no se puede discutir. Que ésta es execrable y sus perpetradores son merecedores del mayor de los reproches no sólo legal, sino también moral (cuestión que también parece alejarse cada vez más de la palestra de temas fundamentales que deben velarse en la Argentina), tampoco.

Pero el combate contra la evasión es justamente el trabajo de la administración fiscal, una tarea que no solamente requiere recursos materiales y humanos, sino también inteligencia, decisión y valentía, esta última para avanzar sobre los consabidos nichos de corrupción y de evasión, que nunca son atacados, cuando se sigue cazando en el zoológico y las verdaderas fieras siguen sueltas y sin que nadie las moleste.

A los contribuyentes que están inscriptos, que declaran sus obligaciones, hay que controlarlos, es cierto. Pero hay que tenerles la consideración y el respeto que nos merece aquel que no solamente paga nuestro salario, sino que, además, es un conciudadano, un vecino y una persona que cumple su jornada laboral para contribuir al progreso de su familia y, por ende, del país todo.

Y con esa mira, no hay ley, no existe reglamento que pueda imponerse por encima de la salvaguarda de la integridad del patrimonio de los ciudadanos, cuando el Fisco sabe que su acción u omisión lo puede dañar.

Hacer pagar un impuesto que no corresponde simplemente porque el contribuyente se equivocó en presentar una declaración jurada, teniendo el conocimiento pleno (o pudiéndolo tener fácilmente y sin esfuerzo), es lo mismo que cobrar una acreencia que sabemos que no existe.

Exigirle a ese contribuyente que utilice el procedimiento de la repetición y que, por ende, deba desprenderse de un dinero que muchas veces no tiene para, después de un largo proceso y de muchos meses, recuperarlo, es un despropósito.

Que la ley de procedimientos tributarios prevea este mecanismo cuando ya una persona depositó un monto que no correspondía, no significa que el Fisco, persiguiendo siempre la finalidad de encontrar soluciones prácticas y legales para sus clientes (sí, sus clientes, los ciudadanos-contribuyentes), evite todo el derroche de actividad fiscal y la afectación temporal y financiera para el contribuyente.

Y ello se logra sencillamente disponiendo que no se efectúe el ingreso del importe que no corresponde. Si hay que corroborar esa circunstancia porque antes no se cumplió debidamente con la tarea, pues será siempre mejor hacer un trabajo que no diez. Será preferible abrir una inspección antes de que el contribuyente abone un peso que no cumplir con el formalismo, generar el pago y luego, para colmo, agotar todo un proceso complejo y costoso.

Es cierto que la declaración jurada hace plena fe de la información que brinda el contribuyente. Es una manifestación de éste que debe mantenerse inalterable. Pero ésta presunción cae inmediata y forzadamente si otra manifestación del mismo sujeto indica que se cometió un error. Los funcionarios del Estado saben, como cualquiera de nosotros, que errar es humano. La imposibilidad de rectificar en menos genera una traba que ocasiona daños que muchas veces no podrán subsanarse nunca más.

El Fisco no debe olvidar nunca que la ley ritual está para proteger al ciudadano de su accionar, no para generarle más obligaciones de las que surgen del derecho sustantivo. Por lo tanto, no se puede escudar en un rigorismo, no puede cerrar sus ojos y oídos a una petición ajustada a derecho.

Si ello implica sacarlo del esquema, pues que así sea. La defensa del patrimonio de un contribuyente dentro de la ley es mucho más importante que cualquier otra tarea que pueda llevar a cabo e implica un deber superior a su tarea específica.

En definitiva, el agente fiscal debe recordar que su finalidad segunda es la recaudación. La primera ha sido, es y será siempre, el servicio a los ciudadanos.

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