Ayer, el jefe de los diputados kirchneristas recibió en su despacho durante más de dos horas a una veintena de legisladores alineados con la Casa Rosada en el debate sobre las retenciones al agro. Hubo acuerdo con la necesidad de garantizarle al Poder Ejecutivo la facultad delegada por el Congreso de fijar y aplicar los derechos de exportación a la producción agropecuaria, aunque los diputados del SI de Eduardo Macaluse, Encuentro Popular y Social de Ariel Basteiro y Vilma Ibarra, Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur, de Claudio Lozano y Diálogo por Buenos Aires de Miguel Bonasso, plantearon una serie de cambios para acompañar hoy al oficialista Frente para la Victoria en la crucial votación donde el Gobierno de Cristina de Kirchner arriesgará más de 20.000 millones de pesos de recaudación en concepto de retenciones móviles:
Coincidencias
«En lo conceptual estamos de acuerdo. Coincidimos en que las retenciones son un instrumento de política económica clave para garantizar la redistribución del ingreso y que esas facultades surgidas del Código Aduanero deben permanecer en cabeza del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a intentar firmar un dictamen unificado», explicaron ayer desde el despacho de Rossi al término de la reunión con los diputados de centroizquierda. Hoy a las 10.15 la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la peronista Graciela Camaño pasará a la firma los dictámenes que por la tarde se votarán en el recinto. Si el kirchnerismo adapta su proyecto a todos los cambios reclamados por el centroizquierda se asegurará la aprobación de la prórroga de facultades delegadas, incluidas las retenciones, a pesar del rechazo de la UCR, PRO, Coalición Cívica, socialismo y peronismo disidente.
El apuro del Gobierno radica en que el lunes 24 vence el plazo que permite al Poder Ejecutivo ejercer las facultades delegadas. La diáspora de legisladores oficialistas que provocó la pelea con el campo y la derrota electoral dejó el kirchnerista Frente para la Victoria con un bloque de 110 diputados propios. Pero, para lograr el quórum y poder sesionar, la bancada de Rossi necesitará un piso de 129 butacas ocupadas en el recinto. Por eso la Casa Rosada no tenía anoche otra opción que ceder a las demandas de Macaluse, Lozano y compañía.
Sin embargo, ayer Rossi dejó abierta otra salida en caso de no conseguir el apoyo de sus aliados de centroizquierda: perder la votación en el recinto y girar 180 grados en sus argumentos para plegarse a la doctrina opositora de que ninguna norma, ni siquiera la Resolución 125 sobre retenciones móviles, perderá vigencia después del 24 de agosto. «Si el 24 de agosto caen esas facultades no significa que las retenciones a las exportaciones de soja vayan a bajar», advirtió en declaraciones radiales para cubrirse de un eventual traspié en la votación de esta tarde en la Cámara baja. Hasta ahora esa postura era sostenida sólo por el macrista Julián Obiglio y el constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra quienes aseguraban que la normativa dictada en ejercicio de facultades delegadas ya había sido ratificada a través de la Ley 25.148 y que por lo tanto no había motivos para temer un colapso financiero o una crisis de gobernabilidad en caso de que el kirchnerismo perdiera la votación en el recinto.
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