Las principales clínicas y sanatorios de una provincia están siendo investigados por acordar el cobro de las prestaciones con tarifas elevadas en perjuicio de las obras sociales. Si finalmente el cartel resulta sancionado, el caso va a tener importantes implicancias a nivel nacional en el negocio de la salud.
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No es el único caso de conductas anticompetitivas que están en trámite en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. También están en la mira las principales empresas del sector lácteo, la monopólica Aluar; las siderúrgicas Acindar, Gerdau y Sipar, varios laboratorios, las farmacias tucumanas que restringen los descuentos que establecen las normas, y los servicios portuarios de practicaje y pilotaje. Y ya hubo decisión en contra del oligopolio de las tarjetas que tenía Prisma. Además están siendo estudiados los supermercados y la actividad cementera.
El impulso que desde la Casa Rosada se le está dando al tema tiene una explicación macroeconómica. En el Gobierno creen que es muy probable que en el corto y mediano plazo se mantenga la tendencia a la apreciación cambiaria debido a los dólares que ingresan por el endeudamiento público y privado, y consideran que un paliativo para ese problema es que bajen los costos de producción con mayor competencia, tanto importada como producto de eliminar prácticas anticompetitivas que encarecen precios.
Eso explica también que el oficialismo esté promoviendo en el Congreso una nueva Ley de Defensa de la Competencia, que entre otras modificaciones crea un Programa de Clemencia, que es una figura jurídica similar a la delación premiada que tan eficaz está siendo en Brasil para probar la monumental corrupción que cruzó a buena parte de la dirigencia de ese país.
El Programa de Clemencia que figura en el proyecto que consensuaron los diputados Elisa Carrió y Mario Negri y que respalda el Gobierno, exime de multas al primer arrepentido que revele haber participado de un cartel y aporte los elementos probatorios, y reduce entre el 50 y el 20 por ciento del máximo de la sanción para el segundo que confiese.
Además de la utilidad que ha tenido en los casos de corrupción en Brasil, hay otros antecedentes que justifican la introducción del Programa de Clemencia. En el ámbito local, el caso exitoso más resonante en contra de un cartel fue gracias al testimonio del arrepentido Luis Jorge Capurro, un gerente de ventas de Loma Negra que reveló con lujo de detalles y profusa documentación cómo la compañía que entonces comandaba Amalia Lacroze de Fortabat, junto con las otras cuatro grandes firmas cementeras (Corcemar, Minetti, Cemento Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia) acordaban la fijación de precios y se repartían (literalmente) las licitaciones. El cartel fue condenado a pagar una multa superior a los 100 millones de dólares.
También hay antecedentes internacionales específicos a las causas sobre prácticas anticompetitivas. En Estados Unidos más del 90 por ciento de las multas impuestas a carteles desde 1996 fueron a través de solicitudes de clemencia. En la Unión Europea el 91 por ciento de las sanciones fueron consecuencia del aporte de arrepentidos. En México se presentaron algo más de 100 solicitudes de clemencia desde 2011 por parte de carteles (de actividades lícitas) y en Brasil se firmaron 30 acuerdos de ese tipo entre 2014 y 2017.
El proyecto actualiza las multas vigentes, que están congeladas hace tiempo. Establece máximos de hasta el doble del beneficio ilícito obtenido, o hasta el 30 por ciento del volumen de negocios implicado, o en caso de que esos criterios no se puedan aplicar fija un máximo equivalente a alrededor de 200 millones de dólares. Además crea un Tribunal Independiente de seis miembros, a integrar con dos designados por el Poder Ejecutivo, dos legisladores y dos académicos.
Es indiscutible que una mejor Ley de Defensa de la Competencia que se aplique activamente puede colaborar a desarmar posiciones oligopólicas, a desbaratar carteles y comportamientos desleales, y a reducir costos.
Pero el potencial beneficio de una mejor ley y la inevitable demora para que su aplicación surta efectos, llevan a no despertar grandes expectativas para hacer frente a los enormes y urgentes problemas de competitividad que afecta a la economía argentina.
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