El Gobierno y la oposición aún sin estrategia para adelantamiento

Néstor Kirchner, Cristina de Kirchner, Mario Das Neves y Jorge Sapag, pocos minutos después de que el Gobierno anunciase en Chubut el proyecto de adelantamiento de elecciones que hoy va al Congreso.

El kirchnerismo como la oposición esperarán que ingrese hoy al Congreso el proyecto de modificación del Código Electoral que establece el adelantamiento de las elecciones al 28 de junio para decidir la estrategia final a seguir. Unos para apurar la votación y los otros para terminar de definir qué sectores apoyarán al Gobierno y quiénes votarán en contra de la reforma. No tendrán demasiado tiempo: el proyecto será enviado hoy por el Poder Ejecutivo y la pretensión oficial es que el miércoles baje al recinto para ser aprobado. Una semana después, el Senado lo convertiría en ley, siempre que se confirme el optimismo que hoy reina en el kirchnerismo sobre el tema.
Un repaso simple a la relación de fuerzas evidencia que sería difícil afirmar que la Casa Rosada no tendrá número esta vez para sancionar el anuncio de Cristina de Kirchner. La carta ganadora del Gobierno esta vez reside en el peronismo disidente, que, al afirmar como hizo durante el fin de semana Francisco de Narváez que apoyarán la medida en el recinto, le daría al oficialismo casi 10 votos como para respirar más tranquilo. La duda seguía siendo la posición de Felipe Solá, pero hasta los hombres de Mauricio Macri desplegaron suficientes dudas como para ayudar a los Kirchner con la confusión.
El resto de la oposición en Diputados se manifestó en contra, pero sin exhibir por ahora una estrategia clara para enfrentar el desafío. El radicalismo y la Coalición Cívica sólo anunciaron para esta semana una continuación de la agenda que tenían prevista antes del anuncio de adelantamiento que hizo Cristina de Kirchner en Chubut. Hoy a las 16.30 presentarán medidas para enfrentar la inseguridad y el crecimiento del narcotráfico y pedirán también una audiencia pública contra el aumento de tarifas. Es seguro que recién en esos actos partidarios Elisa Carrió hablará del adelantamiento de las elecciones al 28 de junio. Pero está claro que el anuncio del Gobierno impactó en la estrategia de la jefa de la Coalición Cívica, que hasta la semana pasada le reclamaba a Macri la unificación de las elecciones porteñas.
La noticia no parece haber tomado por sorpresa a Carrió. Durante una reunión a fines de diciembre con la dirigencia mas íntima de la Coalición Cívica fue contundente: nadie se toma vacaciones: en marzo puede haber un escenario de crisis institucional con adelantamiento de las elecciones y hay que estar preparados. Esta vez la predicción se cumplió.
Pero aun en esas condiciones, el kirchnerismo reuniría con relativa tranquilidad el número para aprobar el adelantamiento de elecciones en Diputados. Ése era ayer el escenario.
En el Congreso ni siquiera el bloque kirchnerista conoce aún cuál será la extensión del proyecto de reforma al Código Electoral que prepara el Gobierno. Ayer en Olivos todavía se discutían dos posturas: una modificación temporal del Código Electoral, para suspender por única vez los plazos electorales de convocatoria, presentación de candidaturas y fecha de elecciones o avanzar con una reforma permanente del régimen electoral liberando la fecha también para futuras elecciones. Tomar alguna de las dos opciones puede ser la diferencia entre una votación complicada y ajustada o directamente una guerra en los recintos.
La decisión del Gobierno, además, implica algunas contradicciones. El proyecto de reforma al Código Electoral ingresará hoy e inmediatamente deberá pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Graciela Camaño, esposa de Luis Barrionuevo. Es decir, que será ella quien deberá apurar un dictamen en sólo 24 horas, justo la esposa del hombre que perdió en Catamarca contra el gobernador Eduardo Brizuela del Moral y renunció bramando al acuerdo con Néstor Kirchner que lo llevó a esas elecciones, inclusive antes que se abrieran las urnas.
Cristina de Kirchner y su marido se decidieron el jueves por la noche a adelantar al 28 de junio las elecciones para diputados y senadores nacionales sobre la base más simple que puede dar hoy la situación: en medio de una crisis, nada mejor que librar la batalla antes que la situación general se deteriore y con ella los recursos para afrontarla. En otras palabras, es lo que dirán los considerandos del proyecto de ley que la Presidente enviará hoy al Congreso para justificar la nueva fecha de elecciones.
De ahí que el anuncio de Mauricio Macri de desdoblar los comicios porteños haya actuado como un justificativo político a una decisión que Néstor Kirchner maduraba desde hace tiempo.
Ahora será el oficialismo del Congreso quien deba darle forma legal a ese anuncio reuniendo una mayoría calificada: 129 votos positivos en Diputados y 37 en el Senado. El kirchnerismo está convencido de que los tiene y algunos sectores de la oposición alimentan esa certeza.
Pero la discusión en los recintos de Diputados y el Senado puede tener sus trampas. La oposición querrá también otros temas pendientes como la modificación al sistema de retenciones a las exportaciones de granos.
A esos peligros debe sumarse que a los Kirchner nunca les fue bien en la discusión de cuestiones institucionales referidas a elecciones. Como muestra basta el debate por la reelección de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires o la derrota del oficialismo en Misiones cuando el gobernador Carlos Rovira quiso eternizarse en su puesto.
Incluir una modificación en la fecha de las elecciones en una ley de emergencia es, en realidad, un gesto político que no se condice con el sistema republicano. En general, las elecciones son una solución a las tensiones de un país y no un problema (hasta habló en Chubut de «superar el escollo»). De hecho, la Argentina parece ser el único lugar en el mundo que, teniendo un sistema no parlamentario, modifica las fechas electorales de acuerdo con las conveniencias del momento.
Pero ésta no es la única ocasión en que se acudió a ese recurso en medio de una emergencia. En 2003, después del asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Eduardo Duhalde adelantó las elecciones. El ex presidente creyó que su futuro se terminaba y modificó la convocatoria que luego ratificó el Congreso.
También se recuerda el debate que se dio en mayo de 2007, donde se habló también de un adelantamiento de las elecciones cuando se cuestionó la fecha de finalización del mandato de Néstor Kirchner. El ex presidente había asumido el 25 de mayo de 2003 y aún le restaba hasta el 10 de diciembre de 2007 para traspasar el mando. Esa discusión se zanjó finalmente interpretando que Kirchner había asumido para completar el mandato de Fernando de la Rúa y luego iniciar el suyo. Carlos Menem también adelantó elecciones nacionales en las provincias, pero en este caso sólo para complicarle la candidatura a Eduardo Duhalde, lo que finalmente consiguió en 1999.
Esas dificultades explican por qué esta vez la decisión fue discutida primero con Agustín Rossi y Miguel Pichetto, los jefes de las bancadas kirchneristas en el Congreso, durante el encuentro del jueves por la noche en la residencia de Olivos con Néstor Kirchner y más tarde con la propia Presidente.
El proyecto que ambos deberán defender en Diputados y el Senado establece una suspensión de plazos por única vez, basándose en la necesidad de no sumar tensión política en el país con elecciones en las provincias distribuidas durante todo el año en medio de una crisis económico-financiera, según las propias palabras del Gobierno que escucharon los legisladores. En términos del oficialismo esto significa apurar los tiempos para evitar el desgaste que sufre el Gobierno, lo que marca un signo de debilidad que la propia medida deja en evidencia.