El gran y ambicioso mecano fiscal que ideó el Gobierno luego de una orden puntual de Mauricio Macri, y que se refleja en el lanzamiento de las reformas impositiva, responsabilidad fiscal de las provincias y, especialmente, en la previsional; sufrió ayer un contratiempo, pero aún es salvable. La meta de un déficit fiscal en el ejercicio 2018 de 3,2%, lo que implica una reducción en el desequilibrio de entre 120.000 y 130.00 millones de pesos (concretamente, el número exacto es $ 123.000 a datos del 2017); tiene ya una reducción de 25.000 millones. Fue por la eliminación en el listado de los impuestos internos al vino, cervezas y espumantes; y, en especial, la imposibilidad política de aplicar la fórmula de reemplazo de la "Movilidad Jubilatoria" por el IPC. Si además, como se prevé, también queden en el camino la aprobación del impuesto interno a las gaseosas azucaradas y la mayor presión previsional sobre las pymes; la perdida recaudatoria se ampliaría en casi 5.000 millones de pesos, con lo que lo ahorrado llegaría a 100.000 millones de pesos. No es poco, pero pondría al Gobierno en apuros para la meta comprometida de 3,2% por el gabinete económico ante el propio Presidente Mauricio Macri. Sin embargo, según los cálculos del ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne, aún puede salvarse el mecano general. Todos los cálculos están hechos con un crecimiento de 3,5% para el 2018, una cifra alta, pero alcanzable sin mayores problemas si se tiene en cuenta que el esperado para el 2017 es de 3% de piso. Si, como por lo bajo ya se calcula dentro del Gobierno, el crecimiento supere ese nivel y alcance el 4%; sólo con la mejora de la recaudación de los impuestos ya vigentes se logrará la meta. Incluso podría superarse. Para esto se necesitará otro compromiso: que el Gobierno nacional congele el gasto público y que los ingresos extras vayan
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El déficit de 3,2% del PBI es una imposición personal de Macri al resto del gabinete. Lo considera la base y su primer paso de su gestión poselectoral, luego de la victoria de octubre pasado. Lo analiza como la primera reducción importante en el desequilibrio entre ingresos y gastos; la que se complementaría con el dato esperado del 2019, donde el déficit perforaría el 3% y debería llegar al 2% del PBI, en sintonía con las metas que le impone la OCDE a sus países miembros. Según el Presidente, en una visión casi personal que tiene en mente desde mucho antes de llegar a la Casa Rosada, el desquicio fiscal que dejó el kirchnerismo es la verdadera causa de la inflación superior al 20% anual y la falta de crecimiento genuino en el país. Logrado entonces el dominio de la variable fiscal, todo lo demás vendría por añadidura. Por lo demás, entiende Macri un crecimiento anual de entre 3% y 4% del PBI sostenido en el tiempo (o por lo menos durante los seis años que le quedarían por gobernar, reelección incluida), con una inflación de menos de 10%. Con esto, el resto sería administrar la situación y pensar las estrategias de producción para el largo plazo.
Todas las reformas negociadas y en negociación apuntan así a un déficit de 123.000 millones de pesos en 2018, según los números del PBI de 2017 (cualquier cifra entre $120.000 y $130.000 millones igual estaría bien). La convicción del Ejecutivo (asentida con la cabeza por el BCRA de Federico Sturzenegger) es que dominar el IPC está directamente relacionado con la reducción del déficit, y la consiguiente baja en la necesidad de emisión monetaria o endeudamiento externo. Y para esto, la única manera de darle oxígeno y comenzar la sanación de las cuentas públicas sin abjurar el gradualismo como mayor restricción, en especial política, es mostrar a los operadores internos, pero fundamentalmente externos, que el indominable déficit fiscal está en baja.
Según los números generales, la reforma previsional sería la principal fuente de financiamiento para lograr el superávit de 3,2%. El simple cambio de dejar de tomar la movilidad jubilatoria y pasar a calcular los aumentos de los jubilados y beneficiarios de los planes sociales con el IPC le hubiera ahorrado al gobierno unos 100.000 millones de pesos. Se calcula que el cambio de fórmula negociado con los senadores de Miguel Pichetto le costará al Gobierno unos $20.000 millones.
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