¿Qué hacer con los 700 mil millones de dólares del Plan TARP? Cómo gastarlos no se suponía que fuera materia difícil. Sin embargo, lo es. Dinamizar la ejecución del programa resulta conveniente, dada la tozudez de la crisis, pero choca con profusas diferencias de criterio. Y, de momento, la iniciativase estancó en una zona de indefinición.
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El propósito original -la compra de activos en problemas en poder del sistema financiero- no pudo llevarse a cabo, y su impulsor,el secretario del Tesoro, Henry Paulson, ya desechó definitivamente la idea. El vértigo de la crisis se coló por la ventana e impuso de prepo el destino de los primeros 125 mil millones de dólares. Como se sabe, debieron aplicarse a la capitalización de los nueve principales bancos de los EE.UU. Ello permitió, en la emergencia, amarrar con firmeza el destino incierto de Morgan Stanley.
Otros 125 mil millones se están derramando, en dosis más pequeñas, sobre una multitud de bancos e instituciones financieras de menor tamaño, necesitados también de reforzar su arboladura. Así, comprar un banco y solicitar la asistencia del Tesoro es un atajo que comienza a resultar trillado. La semana pasada, una compañía de servicios financieros, Hartford Financial, anunció la adquisición de una minúscula entidad bancaria -el Federal Trust Bank de Sanford, Florida- y, trascartón, solicitó su conversión como banco de ahorro y préstamo para la vivienda. Si prospera, y la OTS (el regulador del ramo) no tiene motivos para oponerse, Hartford podrá anotar su nombre en el programa de aportes de capital del Tesoro. Un desembolso de 10 millones de dólares le abriría las puertas a una inyección de capital que la firma estima entre 1.100 y 3.400 millones de dólares. Este lunes, Hartford ya tenía un imitador: Genworth Financial le siguió los pasos comprando el pequeño InterBank de Minnesota.
En paralelo, la necesidad de apuntalar a AIG -que devora cantidades crecientes de asistencia, cual agujero negro, sin saciar su apetito- obligó, en forma no prevista, a desviar recursos del TARP. Su tajada: un giro de 40 mil millones de dólares.
Hasta aquí el plan Paulson no pudo desplegar una genuina agenda propia. La última semana, el secretario del Tesoro, al descartar la compra de activos tóxicos, expresó su voluntad de encarrilar la iniciativa. Su nueva prioridad: salir al cruce del desfallecimiento del crédito para consumo. Motivos no le faltan. En octubre, por citar un ejemplo, no hubo un solo dólar de emisión de bonos respaldados por los saldos a cobrar de tarjetas de crédito. Un año atrás, el volumen de colocaciones superabalos 17 mil millones de dólares. No cabe duda de que la titulización («securitization») está en franca retirada. Primero fue el turno de los activos hipotecarios. Ya en el tercer trimestre no se registraron emisiones de estructuras basadas en productos non prime (ni subprime ni Alt A). Ahora, el campamento que levanta castiga de lleno al consumo.
Pero Paulson encuentra férrea oposición. No son sólo los legisladores los que lo cuestionan por el desvío con respecto a su meta original; la tesonera Sheila Bair, quien comanda la FDIC, le ofrece dura batalla. Bair es una figura en ascenso por su competente manejo de la corporación federal que administra el seguro de los depósitos. Que, en un mundo fragilizado por la bancarrota de Lehman Brothers, tanto Washington Mutual como Wachovia Bank hayan podido hacer mutis por el foro sin flagelar a los mercados de capitales es mérito suyo. Además, la FDIC tomó a su cargo la implementación del sistema optativo de garantías estatales sobre los pasivos de la banca (de hasta tres años de plazo), tarea que se demoró y en la que todavía se pulen los detalles definitivos. Pero el tópico central de la agenda de Bair, desde que estalló la crisis, pasa por la necesidad de reestructurar los préstamos hipotecarios y evitar una avalancha de remates de viviendas.
Cuando advirtió que el Plan TARP no le concedía espacio suficiente para dicha finalidad, Bair fue la primera voz oficial en criticarlo. Y si bien Paulson le concedió, la semana pasada, la gracia de una referencia en su nuevo orden de prioridades, Bair sabe que necesita movilizar otros resortes para lograr su cometido. Así, no trepidó en publicar su propio plan en la página Web de la FDIC. Y cuenta con respaldo legislativo como para terciar en una discusión seria.
No es el único frente conflictivo. Se sabe que la suerte de las automotrices de Detroit desvela a los demócratas. El propio presidente electo, Barack Obama, las consideró como la columna vertebral de la industria de los EE.UU. en su contacto inaugural con la prensa. La fogosa Nancy Pelosi, en la Cámara de Diputados, y Henry Reid, en el Senado, son los impulsores de un salvataje que, si bien no convence a los republicanos, será difícil de evitar. ¿De dónde provendrán los recursos? Es lógico: de la caja del TARP. Paulson no se opone a la asistencia sino a que el dinero necesario salga de allí.
La lista no se agota. Tres grandes ciudades estadounidenses pretenden fondos públicos para sobrellevar la crisis y lo asentaron por carta formal. Es el caso de Filadelfia, Phoenix y Atlanta. Necesitan recursos para cubrir el financiamiento de corto plazo y las brechas en sus planes de pensión. Y también reclaman por fondeo para obras de infraestructura.
¿Hacia dónde va el plan Paulson? ¿Cuál es su próxima escala? ¿El crédito de consumo, la reestructuración de hipotecas, el auxilio a Detroit (y quizá también a sus proveedores) o el crédito a municipios? ¿O habrá una segunda ronda de capitalización de los grandes bancos? Tal vez cada cual reciba una tajada, como una solución de compromiso hasta que Obama asuma su mandato.
Se debería rescatar, pues, al plan de rescate y devolverlo al tablero de diseño. La idea original era pasar del enfoque caso por caso a una iniciativa más amplia y comprensiva. Por eso se lo dotó de una masa crítica capaz de detener el avance de la crisis y evitar la destrucción del crédito. La excesiva fragmentación conspira contra el objetivo. Es verdad que la inercia de la crisis probó ser demasiado pujante. Y abrió fisuras en nuevos frentes. De ahí que no bastará con redefinir el plan TARP en soledad. Convendrá, a la par, comenzar a elaborar un paquete fiscal de estímulo que recoja los problemas que, a falta de mejor alternativa, hoy pugnan por conseguir un espacio en la mochila del esfuerzo de la estabilización financiera y le restan poder de fuego.
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