5 de abril 2018 - 00:08

El Supremo se inclinaba a respaldar el arresto de Lula

Si se confirma la decisión de la máxima instancia judicial, solo restaría que el tribunal de segunda instancia que lo había condenado por corrupción agote los trámites para que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) vaya a prisión.

RESPALDO.  Un nutrido grupo de manifestantes se congregó ayer en las inmediaciones de la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) para manifestar su respaldo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se temía que la decisión de los magistrados pudiera desatar disturbios.
RESPALDO. Un nutrido grupo de manifestantes se congregó ayer en las inmediaciones de la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) para manifestar su respaldo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se temía que la decisión de los magistrados pudiera desatar disturbios.
Brasilia - Los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil parecían inclinarse ayer por rechazar un hábeas corpus del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para no ingresar a la prisión mientras apela una sentencia de 12 años por corrupción, un fallo mantenía en vilo a todo el país y cuyo resultado incidirá diréctamente en las elecciones de octubre.

Nueve horas después de iniciada la sesión, cinco jueces habían votado contra Lula y cuatro a su favor. El asunto quedará decidido una vez que seis de los 11 miembros voten en un sentido u otro. Se preveía que la sesión siguiera al cierre de esta edición.

No obstante, en un intento de último minuto, el abogado de Lula, José Roberto Batochio, pidió a los jueces que el expresidente no ingrese en prisión hasta que eñ STF no analice otros dos procesos abiertos en el tribunal. La presidenta Cármen Lúcia deslizó que esta decisión podría ser analizada por los jueces después de que finalice la sesión de anoche.

El juez Gilmar Mendes, quien votó en favor del recurso de Lula de no ingresar a prisión, argumentó que la corte no podía tomar decisiones con base en la opinión pública. "Si una corte cede (ante la presión), bien podría no existir", dijo Mendes.

Por su parte, el juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego. "Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano", afirmó Barros, quien votó contra la petición.

El voto que sembró desazón entre sus seguidores fue de la juez Rosa Weber, que se consideraba dudoso. En su alegato, afirmó que "la ejecución de la condena del tribunal de apelación no compromete el principio constitucional de la presunción de inocencia". Sin embargo, abrió la puerta para cambiar de postura si en algunos meses se trata la cuestión de fondo sobre la presunción de inocencia.

En las afueras del tribunal en Brasilia, los detractores del exmandatario reaccionaron con festejos, mientras sus partidarios recibieron la noticia abatidos o llorando.

Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos como presidente entre 2003 y 2010, se convirtió en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política.

El ex mandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación "Lava Jato", el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.

Lula siempre ha defendido su inocencia, y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial.

Sin embargo, Lula sufrió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al mencionado apartamento. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes.

Aunque el ex mandatario puede interponer más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como ya definieron Moro y los otros magistrados.

Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento, y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación.

La tensión que precedió al juicio tuvo su momento más álgido el martes, cuando el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró en su cuenta de Twiter que compartía "el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia" (ver pág. 17).

La polarización en Brasil dejó paso a la violencia a fines de marzo, cuando una caravana proselitista del líder de la izquierda fue atacada con armas de fuego. La primera economía latinoamericana recorre una crisis política que ya lleva más de tres años, en medio del bombardeo de acusaciones de la corrupción desvendada por "Lava Jato" contra figuras de prácticamente todos los partidos.

En 2016, Dilma Rousseff, sucesora y protegida de Lula, fue destituida por el Congreso, acusada de manipulación de las cuentas públicas.

Agencias AFP y ANSA, y Ámbito Financiero

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