El tribunal también analiza designaciones de Gils Carbó

Un pedido de nulidad contra el dictamen firmado por una fiscal subrogante designada por la Procuradora Alejandra Gils Carbó recaló ayer en la Corte Suprema, que ahora deberá resolver si esa decisión es o no válida en función del nombramiento. El máximo tribunal ya dio traslado a la Procuración por lo cual la jefa de los fiscales tiene cinco días para emitir su dictamen antes de la resolución final.

Gils Carbó afronta una disputa similar en los tribunales de Comodoro Py por el nombramiento de fiscales sin acuerdo del Senado (ver nota aparte).

En este caso se trata de un cuestionamiento hacia un dictamen firmado por la Procuradora Fiscal subrogante Alejandra Cordone Rosello, y según el accionante esa presentación carece de validez al ser firmada por alguien que no tiene título.

El 13 de marzo pasado, la subrogante Cordone Rosello firmó un dictamen en el marco de la causa Automóviles Saavedra SA c/ Fiat Argentina SA.

Pero el accionante, Antonio Conrado De Martino, interpuso una nulidad contra ese dictamen firmado por Cordone Rosello por tratarse de una subrogante sin titularidad en el cargo.

La Corte buscará establecer una uniformidad para este tipo de planteos con el objetivo de evitar que se hagan en forma reiterativa.

Ahora, el máximo tribunal pidió opinión a Gils Carbó para que ella se exprese sobre si es válida o no esa decisión de designar a Cordone Rosello, un nombramiento que ella misma impulsó. Se espera que la procuradora realice una defensa de su propia determinación.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales se trata de un tema conocido: por allí circularon papers, semanas antes de la denuncia penal efectuada por el senador Mario Cimadevilla (UCR), que detallaban los nombramientos efectuados por la procuradora en forma supuestamente irregular.

Será el primer planteo de este tipo que deberán abordar los justices. Caso curioso si se considera que el antecesor de la procuradora, Esteban Righi, también había realizado designaciones del tipo objetado.

Contacto

No es el primer contacto de la procuradora con la Corte en lo que va de la semana. El lunes por la mañana Gils Carbó emitió un dictamen favorable a la petrolera Chevron que litiga en el fuero Civil por presuntos daños ambientales en Ecuador. Un giro audaz para quien suele embestir, en sus discursos, contra las grandes corporaciones.

Ayer por la tarde, en la Corte, eran inevitables las comparaciones con el fallo Rosza, que rechaza, en el caso de los jueces, la actuación de subrogantes que no cuenten con acuerdo del Senado. Antes que esta alternativa, el fallo de 2007, que rubricó el actual tribunal, les otorga primacía a jueces jubilados.

Se trata de una directiva que ha tenido influencias dispares, nula en el fuero Penal Correccional, pero decisiva en el civil y Comercial Federal, hecho que quedó a la vista en diciembre del año pasado en plena puja judicial entre el Gobierno y el monopolio Clarín, cuando el primero embistió contra los jueces jubilados que habían emitido medidas cautelares favorables a la empresa.

No es el único motivo de malos augurios para Gils Carbó. La procuradora mantuvo, a comienzos de este año, un entredicho con los ministros de la Corte por el pago del Impuesto a las Ganancias que el máximo tribunal debe resolver mediante una acordada administrativa.

Los ministros entendieron que Gils Carbó pretendía acelerar los tiempos de la Corte para luego ella misma emitir una resolución que lleve a los fiscales a pagar el tributo. El pago de este impuesto es una de las principales banderas en los encuentros de la corriente de jueces "Justicia Legítima", donde la jefa del ministerio público ocupa un lugar entre los animadores principales y suele inaugurar los plenarios.

"Si tiene tantas ganas de pagar, que vaya y pague, nadie se lo está impidiendo", había deslizado un justice al explicar que las negociaciones en la Corte son complejas tanto desde el frente sindical (en caso de desacuerdo habría una batería de paros) como del de los propios jueces que, afectada la inmovilidad de su salario, podrían iniciar litigios contra el Estado por montos millonarios.