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Empresarios en alerta: ¿estatizarán subtes?
Héctor Méndez
El día que entre los empresarios se aguarda con mayor expectativa (y temor) es mañana: está previsto un paro con movilización de los «delegados» (ex delegados, en realidad) del subte que en la superficie reclaman ser reconocidos como un gremio aparte de la UTA. En realidad estos militantes de sectores de izquierda apuntan a un objetivo de máxima: la reestatización de Metrovías, una aspiración que ni se preocupan en disfrazar.
La preocupación en la UIA, AEA y el resto de las organizaciones empresariales es que si el Gobierno decide ir por Metrovías, no parece que nada vaya a detenerlos si deciden expropiar cualquier otra compañía. El otro tema que los desvela es el bloqueo de las distribuidoras de diarios, que -dicen- no puede considerarse sólo como una presión para conseguir fichas de afiliación (tal como hicieron los camioneros de Pablo Moyano los últimos años con las grandes cadenas de supermercados) sino como parte de la pelea de los Kirchner contra el grupo Clarín y otros. Este fin de semana hubo numerosas llamadas telefónicas entre empresarios y funcionarios, justamente sobre esos dos temas (Metrovías, medios).
Posibilidad
Un miembro del entorno de los Kirchner habría llegado a admitir que no descartan la posibilidad de «recuperar los subtes». Como se ve, un panorama más que complejo ante una semana que apunta a complicar aún más la relación empresas-Gobierno.
La intención de estatizar la red de subtes sería la única explicación por la que el Gobierno no intervino con mayor rigor en contra de un movimiento sindical-político que no controla, y que además se enfrenta con un gremio como la UTA, que responde a su principal aliado en el sindicalismo, Hugo Moyano.
Mañana también será clave en la UIA: ese día está previsto que sesione su junta directiva. Se trata del órgano colegiado más amplio de la central fabril, en el que están representados (en un número cercano a los ochenta) tanto los sectores de la industria como las regiones geográficas. Ese día el presidente Héctor Méndez deberá escuchar una catarata de quejas de los industriales del interior por la sanción del decreto que aumenta las indemnizaciones por accidentes de trabajo.
Vacío
El reclamo pasará porque, tras casi seis años de negociaciones, la UIA no logró que el Gobierno tomara en cuenta ninguno de sus planteos y propuestas, y mucho menos la sanción de una ley que subsanara el vacío que creó el fallo de la Corte Suprema habilitando la «doble vía» (cobro de la indemnización prevista por ley y luego ir a la Justicia a pedir un monto mayor). Eso no sólo puso en peligro la existencia de miles de pymes sino que además creó una industria del juicio que hoy acumula casi 6.000 demandas por un monto estimado en u$s 2.300 millones.
«Lo que hizo el decreto es fijar un piso para las indemnizaciones; esto no sólo no termina con la industria del juicio sino que la alienta», dijo a este diario José Ignacio de Mendiguren, secretario general de la UIA.
Sus dichos vienen a responder al argumento esgrimido por el ministro Carlos Tomada para justificar el decreto: si los accidentados cobran buenas indemnizaciones no irán a los tribunales a pedir más plata.


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