Empresarios piden a Venezuela fuera del Mercosur

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Héctor Méndez

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió al Gobierno argentino que se revea la incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, por la estatización de tres empresas del grupo Techint anunciada el viernes último por Hugo Chávez.

La decisión se tomó ayer durante una tumultuosa asamblea de su junta directiva (el «legislativo» de la central fabril), con la presencia de más de 70 delegados sectoriales y regionales. El resultado de ese encuentro fue un comunicado consensuado por los principales dirigentes, que anuncia también la convocatoria de «una reunión urgente del Consejo Industrial del Mercosur en Montevideo».

En ese comunicado, distribuido al finalizar la reunión, se ataca con dureza al régimen bolivariano, pero se obvia cualquier referencia a la administración Kirchner, algo que consiguió el sector «paloma» de la UIA -que encabeza su presidente Héctor Méndez- en contra de algunos «halcones» que reclamaban responsabilizar al Gobierno nacional de inacción ante el avasallamiento de los derechos del principal grupo empresario argentino. Sobre todo, tras conocerse las declaraciones de Cristina de Kirchner en Berazategui (ver aparte).

«Atento a las reiteradas acciones que han implicado la estatización de empresas de capitales de origen Mercosur en Venezuela, la Junta Directiva de la UIA solicita a las autoridades argentinas rever la decisión de incorporar a Venezuela como miembro pleno de dicho mercado común», arranca el comunicado de la central fabril.

Es que el régimen bolivariano ya obtuvo la aprobación de los Legislativos de Uruguay y de la Argentina para su ingreso al mercado común; le faltarían medidas similares de Brasil y Paraguay. Quizás por eso Chávez fingió una «boutade» al decir en Brasil (supuestamente fuera de micrófono) que las estatizaciones no alcanzarían a las empresas de ese país.

Esas declaraciones del bolivariano se produjeron cuando la Junta Directiva estaba en plena sesión; sin embargo, varios de los empresarios presentes comenzaron a recibir en sus celulares los cables con los dichos de Chávez.

De ahí que, casi de apuro, se agregara un párrafo dedicado a ese discurso del ex militar: «Las expresiones de Hugo Chávez respecto de que las inversiones brasileñas no están incluidas en el proceso de estatización de su Gobierno parecen fomentar la división entre los países del bloque».

La asamblea entró decididamente en ebullición cuando por el mismo medio (las «blackberry») se supo que Cristina de Kirchner le había reclamado a Techint que no hubiera depositado en el país los u$s 400 millones que cobró de Venezuela por la primera cuota de la indemnización por la expropiación de Sidor. Desde la platea, un empresario pyme le gritó a Luis Betnaza, mano derecha de Paolo Rocca -principal accionista de Techint-: «Decile al Gobierno que vos traés esa plata cuando ellos traigan de vuelta la de Santa Cruz que depositaron afuera», en referencia a parte de los fondos que recibió esa provincia por la venta de YPF cuando la gobernaba Néstor Kirchner. Varios se rieron de la ocurrencia, pero otros los llamaron a silencio.

La reunión había arrancado con Betnaza relatando de manera cronológica el proceso que llevó a la expropiación de Sidor y al anuncio de las estatizaciones de sus controladas TAVSA y Matesi. Después, José Ignacio de Mendiguren informó que había recibido llamados «muy preocupados» de los presidentes de las poderosas CNI (la UIA brasileña), la FIESP (que representa a los industriales del estado de San Pablo) y la CIU (Uruguay).

A esa altura estaba claro que los demás puntos del temario (el impuesto de u$s 17 a los containers que pasan por el puerto de Buenos Aires destinado a una empresa a la que se vincula con Hugo Moyano; la falta de pago de los reintegros a las exportaciones) habían quedado de lado: en un movimiento lindante con la autodefensa, buena parte de los presentes expresaba sus temores por la posibilidad de un «efecto contagio» del Gobierno argentino hacia sus empresas.

Se volvió sobre los casos de Mahle, Paraná Metal y Massuh, empresas que entraron en crisis a partir del cambio de contexto internacional. «¿Cuántos más casos como ésos van a producirse en los próximos meses? ¿El Gobierno se va a hacer cargo de todos?», preguntó el representante de una provincia grande.

No era la única preocupación: hay alrededor de sesenta empresas argentinas que encararon proyectos industriales en Venezuela -en muchos casos con el auspicio del INTI-, y que ahora ven amenazadas sus inversiones por el fantasma de la expropiación. Esas firmas van desde SanCor, la principal láctea del país, hasta las pymes Zanella (motos), Ombú (maquinaria agrícola) y Czerwein (motores), por citar algunas.

Uno de esos empresarios dijo: «Antes, si iba a Venezuela a darle trabajo a la gente, a llevar progreso y tecnología y, obviamente, a ganar dinero, te daban la bienvenida. Ahora sólo quieren que lleves el know-how, se los vendas y te vayas».

Quedó tiempo para poco más, por caso, para repasar los apoyos de gente tan diversa como Sebastián Ezkenazi (YPF), Hugo Moyano, la ADIMRA (industriales metalúrgicos) y hasta de la UOM, que en una solicitada que se publicó ayer en este diario le pedía a Chávez que «respete los acuerdos bilaterales de protección de inversiones, que obligan a las partes a cumplirlas por encima de las leyes nacionales».

También se dijo que los futuros jubilados son más pobres, porque el Estado -como dueño del 27% de Techint a través de los fondos confiscados por la ANSES a las AFJP- también había sido víctima de la expropiación chavista.