Empresas contra retenciones: otro frente judicial para el PRO

• TRAS FALLO SOBRE COPARTICIPACIÓN, APARECEN RECLAMOS POR IMPUESTOS.• CRECE FRENTE JUDICIAL DEL NUEVO GOBIERNO.

Elena Highton de Nolasco y Germán Garavano

 El fallo de la Corte Suprema de Justicia referido a la coparticipación federal y que ordenó al ejecutivo saldar su deuda con tres provincias (aproximadamente 80.000 millones de pesos) motiva nuevos frentes en los tribunales para la próxima administración. El máximo tribunal se expidió a partir de un "vacío legal" generado por el kirchnerismo en cuestiones de coparticipación que ahora tendrá su continuidad en el debate por las retenciones. Es inminente una presentación de firmas exportadoras en la justicia en lo Contencioso Administrativo para reclamar por el cobro indebido de los derechos de exportación.

Durante el pasado viernes tuvieron lugar diversos encuentros entre empresarios y los abogados de los estudios que litigaron a favor de las provincias. Los intercambios más sustanciales fueron en la oficina de Rodolfo Barra, exministro de la Corte y que representó a San Luis en la causa que llegó al cuarto piso de la calle Talcahuano y cuya sentencia salió sin la firma de Elena Highton de Nolasco.

El argumento medular de la presentación que preparan las firmas exportadoras es que los derechos de exportación que debieron pagar fueron ratificados mediante un procedimiento legislativo irregular. Las normas ratificatorias de la legislación delegada (que incluye este impuesto) comenzaron su trámite en el Senado cuando en realidad debía realizarse por la Cámara de Diputados conforme lo establece el articulo 51 de la Constitución. El año pasado la Corte emitió un fallo en el cual entendió como irregulares los tributos percibidos sin el aval del Congreso.

Una inquietud que se agrega a otras ya existentes en el entorno del nuevo presidente. La jurisprudencia de los últimos años en relación al manejo de los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados que son necesarios frente a un Congreso adverso ha resultado absolutamente restrictiva.

Los primeros para la Corte no pueden ser utilizados salvo condiciones de catástrofe social como las de fines de 2001. Respecto de la legislación delegada, todo el arco opositor sostuvo al unísono que en agosto de 2010 habrían caducado definitivamente. Aspectos jurídicos que quedaron en stand by, pero nunca tuvieron una respuesta de la Corte. Para tener en cuenta: ya en 2013 la provincia de Santa Fe había intentado llevar casos de coparticipación a la Corte sin éxito.

Así como estos casos inciden en la relación que Mauricio Macri tendrá con los gobernadores, ahora el litigio por las retenciones podría condicionar el vínculo con diversos sectores de la economía, un giro que era previsible porque ya se da por descontado que el nuevo mandatario se orientara a respetar las sentencias del tribunal, a diferencia del signo político saliente.

Estos asuntos aparecen en forma recurrente en las reuniones de los inversores que visitan el país desde que el macrismo se alzó con el triunfo en la segunda vuelta. En esos encuentros , protagonizados por abogados de grandes estudios, se escuchan fuertes criticas al sistema judicial argentino, que son producto de las preguntas de los visitantes. El fuero laboral, la justicia en lo contencioso y la propia Corte son destinatarios , en diversa medida, de duros diagnósticos que presentan un lugar común: que los tribunales están más regidos por el oportunismo político del momento que por una línea jurisprudencial.

Rasgos de contexto pero que repercuten dando lugar a desafíos mayores para la cartera que conducirá Germán Garavano: la petrolera Chevron está encaminada a iniciar una acción contra el Estado por la llamada responsabilidad del "Estado-juez" ya que tendrá que exponer las cláusulas de su contrato con YPF luego de una sentencia de la Corte en la cual la empresa en ningún momento presentó su visión de los hechos.