Empresas: delitos de corrupción prescribirán a los seis años

• SENADO LOGRÓ DICTAMEN PARA CAMBIAR EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA PERSONAS JURÍDICAS. DUDAS POR SESIÓNLos legisladores cerraron ayer el acuerdo iniciado la semana pasada para limpiar algunas incorporaciones que hizo el serpenteante Sergio Massa en Diputados. Para las multas se multiplicará por dos y hasta cinco el beneficio indebido obtenido. Fomento a los programas de integridad.

Consenso. El senador oficialista Ernesto Martínez explicó ayer, en la Comisión de Justicia, los cambios al régimen penal empresario, que volverá en segunda revisión a Diputados. A su lado, Federico Pinedo. Foto: Ignacio Petunchi.

En medio de la campaña electoral, senadores de Cambiemos, del FpV-PJ y del justicialismo disidente firmaron ayer un dictamen de mayoría para modificar el régimen de responsabilidad penal que votó Diputados hace dos meses y medio, y corregirán el enchastre que realizó en esa cámara el serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Tras pinceladas varias de asesores y esfuerzos de senadores para lograr el quórum necesario, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que comanda el peronista Pedro Guastavino cerró ayer a la tarde un acuerdo que comenzó a gestarse la semana pasada, tal como contó Ámbito Financiero.

La primera cura a los arañazos massistas está en el primer artículo: los renovadores lograron incluir todos los delitos del Código Penal; ahora, los senadores retomarán la propuesta inicial del Ejecutivo, que apunta a englobar sólo las infracciones relacionadas con corrupción.

Entre los delitos en cuestión aparecen el cohecho; tráfico de influencias, nacional o transnacional; las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; la concusión -uso de cargo para hacer pagar a una persona una contribución que no le corresponde-; y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. También se agregaron los balances e informes falsos agravados.

Fue Ernesto Martínez (Cambiemos) quien explicó ayer las diferentes modificaciones a la iniciativa. El cordobés hizo oficial la desactivación de la imprescriptibilidad de las infracciones comprendidas en la ley. De hecho, el Senado votará que la acción penal respecto de las personas jurídicas prescriba a los seis años de la comisión del delito o, si éste fuese continuo, del momento en que cesó de cometerse.

Las personas jurídicas serán responsables por delitos "que hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio", o en el caso que fuera "un tercero que careciere de atribuciones para obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión, aunque de manera tácita". En cambio, las empresas quedarán exentas de responsabilidad "sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella".

En cuanto a las multas, se establecerá un pago de entre dos y cinco veces el beneficio indebido obtenido; suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; mismo período para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado; disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad; pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; y la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

Habrá exención de pena para quien "espontáneamente haya denunciado un delito previsto como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna"; o "implementado un sistema de control y supervisión con anterioridad al hecho del proceso" (progama de integridad, cuya viabilidad y condiciones fueron discutidas por algunos senadores); o quien "hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido".

Otro artículo permitirá -al igual que debatió Diputados- que la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal puedan celebrar "un acuerdo de colaboración eficaz, por medio del cual aquella se obliga a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito", que "podrá celebrarse hasta la citación a juicio". Además, los senadores concluyeron que no existe ningún motivo para que una pyme que cometió un delito contemplado en el dictamen no sea sancionada por su actuar ilícito.

"Después de importantes reuniones adonde vinieron los especialistas a acercar sus puntos de vista y sus reparos a la media sanción que vino de Diputados, arribamos a una síntesis que brinda las soluciones que nos permiten cumplir con las recomendaciones de la OCDE", aseguró Guastavino al término del encuentro.

En tanto, el titular provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), expresó que en la actualidad "se da un choque entre el derecho penal de las personas y el de las empresas", y que "a partir de la nueva ley se buscará que los delitos de corrupción sean investigados de forma rápida".

Pinedo ayer fue clave con su firma para lograr quórum: no formaba parte de la comisión hasta el martes último, cuando ingresó en lugar del formoseño Luis Naidenoff (UCR-Formosa).