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Empresas de servicios negociarán también aumento de salarios
Esta negociación con el Gobierno formará parte de la nueva estructura de relación que tendrán las empresas licenciatarias de servicios públicos con el oficialismo. La nueva máxima del kirchnerismo en este punto es que se acabaron los subsidios, tanto para el público y las empresas en general como para las compañías distribuidoras. Hacia adelante tendrán que discutir con los gremios de la misma manera que lo hace el resto de los privados: mano a mano en ruedas organizadas por el Ministerio de Trabajo. Además, y fundamentalmente, no estará desde 2012 el Gobierno terciando por ser el que en definitiva se haría cargo de los incrementos salariales de los operarios para no presionar por un aumento en las tarifas.
A diferencia de la mayoría de los otros privados, las compañías licenciatarias (aun las que son propiedad del Estado, como AySA) no podrán trasladar sin más los aumentos de costos a las tarifas. Luego de la negociación con los sindicatos, o de manera paralela, se abrirá una nueva discusión con Moreno, o quien lo reemplace el año próximo, sobre los costos de estas empresas. Luego de una revisión con lupa del funcionario o su sucesor sobre los balances y la estructura de gastos, el Gobierno evaluará el nivel de incremento tarifario que se podría avalar, pero ya sin fondos del sector público.
Todo esto implicará además que necesariamente habrá un aumento más en las tarifas durante el próximo año, fuera de la quita de subsidios que anunció ayer el Gobierno. El porcentaje de esta alza extra no puede determinarse en estos días, sino que dependerá del porcentaje de aumentos salariales que se les otorguen a los sindicatos involucrados, entre ellos el de Luz y Fuerza, del ahora muy nombrado Oscar Lescano y sus huestes. Otro nuevo actor es el titular de SOSBA (aguas), Julio César Castro. Luego dependerá también de lo que autorice el Gobierno.
Se estima que en las negociaciones de este año el porcentaje que se tomaría como guía es el 18% que desde el Gobierno se quiere aplicar como meta general en las negociaciones con los empleados públicos.


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