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En el Congreso deciden los jueces
Eduardo Fellner
Las dos imputaciones a Cobos no parecen a primera vista tener sustento, al menos en lo que se le imputa, que fue su participación en la última sesión del Senado. Se lo acusa, sin demasiado sentido de acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión donde se votó el impuesto al cheque, de habilitar la sanción por mayoría simple, cuando en realidad el propio vicepresidente esquivó esa responsabilidad al hacerle votar al recinto del Senado la decisión sobre qué tipo de mayoría exigir.
Una de ellas ya marcha por los tribunales. El miércoles pasado el juez Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la denuncia de los abogados Antonio y Darío Liurgo, le pidió al Senado la versión taquigráfica de la sesión en que fue aprobada la ley del cheque para analizar si corresponde seguir adelante con la presentación de los denunciantes. De todas formas, el fiscal Eduardo Taiano deberá resolver si decide o no impulsar la investigación.
La denuncia fue presentada ante la Cámara Federal por los abogados -padre e hijo-, quienes además pidieron que Cobos sea sometido a un «peritaje psiquiátrico y psicológico», ante la posibilidad de que pudiera ser declarado inimputable, se estima que por haber permitido, de acuerdo con su interpretación, que se votara la reforma a la ley del cheque.
En el Senado la bronca contra el Poder Judicial ya sobrepasa los comentarios de pasillo. La realidad es que hasta ahora la Justicia había intervenido con medidas que frenan la vigencia de leyes, pero sólo cuando éstas se encuentran ya sancionadas. Pero nunca para intervenir en medio del proceso de sanción de leyes, frenándolo por considerar que se violó el reglamento o alguna disposición constitucional.
Intervención
El peligro institucional, entonces, es enorme. Ya no se trata de emitir fallos que declaren inconstitucional una norma, como establece la Constitución al asignarles a los jueces el control de constitucionalidad, sino de intervenir judicialmente en la conformación de una comisión o la votación de una ley.
Como si ese conflicto no fuera suficiente, ayer Hebe de Bonafini, en representación de Madres de Plaza de Mayo, denunció también a Cobos por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y pidió su juicio político al Congreso. Todo, de nuevo, por aprobar la ley del cheque por mayoría simple. Nunca una votación tuvo tanta platea vigilando el procedimiento.
La denuncia fue realizada con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat y cayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi. Una vez presentada, Bonafini le envió una copia a Fellner, para pedir el juicio político del vice.
Si a Cobos no le alcanza con todo ese conflicto, el próximo jueves tendrá bajo su despacho, justo en la Plaza del Congreso, una manifestación en su contra que le organiza el kirchnerismo para las 17 donde le exigirán la renuncia por «traidor a la Patria y a todos los argentinos. Cristina no puede echarlo, nosotros sí», dice la convocatoria. Increíblemente, también esto le sucede por haber presidido la sesión donde se votó el impuesto al cheque.