"Jamás pasó por mi cabeza renunciar. La renuncia pasa por la cabeza de ellos, no por la mía. Soy una figura incómoda y sigo con la frente alta para denunciar que este proceso es una enorme injusticia, un golpe", dijo Rousseff en la Cuarta Conferencia Nacional de las Mujeres, en Brasilia. "Voy a resistir por los 54 millones de votos que tuve y por mi mandato, que termina el 31 de diciembre de 2018", insistió.
En el que pudo haber sido el último acto público de su mandato, Rousseff animó a los miles de asistentes a la conferencia a "luchar", porque Brasil "está cansado de los desleales, los traidores y los golpistas". La respuesta del auditorio fue inmediata, con un coro que gritó "no habrá golpe, habrá lucha".
Pese a sus declaraciones, los corresponsales internacionales detectaron que Rousseff había retirado sus fotografías personales y vaciado las estanterías de su despacho, situado en el tercer piso del Palacio de Planalto. Los faltantes quedaron en evidencia luego que la mandataria recibiera al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se acercó a Brasilia para respaldarla y cuestionar la legitimidad del "impeachment".
La Abogacía General del Estado (AGU) sostuvo en su presentación urgente que el proceso debe ser anulado debido a que el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada por el propio Supremo, abrió el juicio político por "venganza". El abogado José Eduardo Cardozo recordó que el referente del PMDB -suspendido la semana pasada por haber obstruido investigaciones por corrupción en su contra en el escándalo de Petrobras- promovió el caso contra Rousseff luego de que el Partido de los Trabajadores (PT) decidiera apoyar una investigación que le había iniciado la Cámara baja por faltas éticas. "Vamos a judicializar hasta el fin" el "impeachment", prometió el letrado, que no descartó llevar el caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Si el STF no dispone lo contrario, una decisión que se esperaba al cierre de esta edición, los 81 senadores tienen previsto reunirse hoy a las 9 para decidir si abren un juicio de destitución a Rousseff, acusada de haber cometido un "crimen de responsabilidad" por ocultar el déficit del presupuesto con préstamos de bancos estatales, las llamadas "pedaladas".
Ya hay votos más que suficientes para iniciar el juicio político. Son necesarios 41 sobre un total de 81 senadores para que Rousseff abandone el Palacio de Planalto por 6 meses a la espera de la sentencia final.
Si es suspendida, el vicepresidente Michel Temer, exaliado de Rousseff y hoy su mayor enemigo, asumiría el poder de forma interina. Y si finalmente es destituida con los votos de dos tercios del Senado (54), Temer finalizaría su mandato en 2018. El presidente del Senado, Renán Calheiros, anunció que pretende terminar la votación hoy mismo, aunque no se descarta que intervenciones de los senadores más extensas que lo esperado lleven la votación hasta mañana.
La mandataria, que cuenta con apenas un 10% de popularidad, insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales y se declara víctima de un "golpe blando".
Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de 2.000 millones de dólares.
| Ámbito Financiero, y Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA |
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