En medio de tensión, Corpacci defendió a la minería local

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Catamarca - En medio de un clima de fuerte tensión por la perpetuación de piquetes anti y pro minería, la gobernadora kirchnerista Lucía Corpacci desplegó ayer una fuerte defensa de la política minera de la provincia, aunque recalcó la necesidad de un desarrollo del sector «con reglas claras» y dijo que pidió a las empresas que instrumenten cambios en sus emprendimientos.

«Éste es un conflicto de Catamarca que tenemos que solucionar los catamarqueños», arengó, en la antesala de un acto ambientalista contra la minería a cielo abierto que se desarrollará hoy en Andalgalá (en recordación de otro que hace dos años derivó en graves incidentes), que concita un fuerte operativo de seguridad (incluso, con efectivos de Gendarmería) ante el temor de que estallen nuevos disturbios.

Con la porteña Casa de Catamarca como telón de fondo, la exsenadora afirmó que «todo el equipo que forma parte de este Gobierno ha planteado siempre la importancia del desarrollo minero para Catamarca; queremos producción minera con reglas claras, con información clara de cuál es el impacto ambiental en nuestra provincia».

«Es fácil decir no a la minería por parte de alguien que se sube a un avión, llega a Catamarca, al otro día se da la vuelta y se olvidó de los catamarqueños», advirtió, tras destacar «el impacto económico que tiene en Catamarca» la actividad.

No obstante, se encargó de remarcar que en el emprendimiento de La Alumbrera «no se utiliza cianuro» y que «el agua no está perjudicada».

«Soy madre y nada me preocupa más que que los catamarqueños vivamos mejor; no voy a permitir que los intereses económicos estén por encima de la salud de mi población», recalcó.

En paralelo, aseveró que los principales emprendimientos mineros de Catamarca llevan «15 años» y que su Gobierno planea cambios en la política del sector: explicó que «hace diez días» se reunió «con los responsables de los emprendimientos mineros» y les planteó que «una minería que beneficia a unos pocos y no a todos los catamarqueños no es válida».

En esa línea, reclamó que «las oficinas de compras de las empresas mineras estén radicadas en la provincia» y que «la mano de obra sea catamarqueña, no sólo de los puestos de más bajos salarios sino de aquellos que son cargos profesionales».

También señaló que instruyó a la Dirección de Gestión Ambiental para que haga «públicos» los informes de impacto ambiental de los emprendimientos mineros Bajo La Alumbrera y Agua Rica (ambos de la compañía Alumbrera -de capitales suizos y canadienses-), «para que cualquier ciudadano tenga acceso».

La mandataria además se refirió por primera vez al violento desalojo del pasado viernes en la Ruta 60 en Tinogasta, el que -destacó- «fue realizado por la Justicia y no hubo ningún herido, ningún lesionado».

Hoy podría volver a ser un día violento: asambleístas de Andalgalá y de otras localidades marcharán por las calles céntricas al cumplirse el segundo aniversario de una protesta antiminera que concluyó en una dura represión, graves destrozos en la Municipalidad y decenas de heridos y detenidos.

Ante la persitencia de bloqueos a favor y en contra de la minería en distintos puntos de la provincia, e incluso del desembarco de activistas de Quebracho, el Gobierno de Corpacci envió al lugar 170 policías, «en su mayoría, sin bastones ni armas», mientras que la fuerza ya pidió la asistencia de Gendarmería.

En ese marco, ayer el jefe de Policía de la provincia, Juan José Palomeque, aseguró que la fuerza está realizando «tareas de inteligencia» en los departamentos Tinogasta, Belén y Andalgalá para «individualizar a las personas que no estén radicadas en la zona y que no tengan directa vinculación con la protesta antiminera».

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