En repúblicas, no hay cepos ni cupos

 La Revolución Francesa proclamó "una misma ley, y una misma medida, para todos los hombres, para todos los tiempos" como el ideal de la Justicia. Del orden jurídico, para la Igualdad, la Libertad, y la Fraternidad. Y la integración equitativa de las personas en la sociedad. Ese concepto de la ley se frustra frecuentemente en las sociedades de los países subdesarrollados. Que, justamente, les falta desarrollarse porque violentan ese precepto asiduamente.

La Revolución no se quedó en palabras e intenciones. Extendió la aplicación de ese principio a las medidas utilizadas para mensurar las prestaciones. Por eso, convocó a los mayores científicos de la época para diseñar un sistema objetivo de mediciones. Todo nuestro sistema de pesas y medidas, el sistema métrico decimal, y las restantes unidades de medición, vigentes en la mayor parte del planeta, resultan una consecuencia y gran legado de estos principios. Los países han reconocido su importancia y el Bureau Internacional de Pesas y Medidas es el organismo encargado de asegurar su vigencia.

Las sociedades son tanto más subdesarrolladas cuanto mayores las desigualdades en la aplicación de la ley, en el tiempo, lugares e individuos. En la medida que eso se repite, mayor es la incertidumbre a la hora de tomar decisiones y decidir inversiones que generarán sus frutos a lo largo del tiempo. Especialmente, las inversiones más complejas precisan de mayor tiempo de maduración y presentan más posibilidades de conflicto. Por esa falencia, por esa incertidumbre, no abundan en las naciones subdesarrolladas las inversiones más ambiciosas. Por la incertidumbre respecto de confrontaciones de intereses variados, en el tiempo y espacio. Entonces, como consecuencia del trato desigual e incierto, es menor la confianza en el ambiente institucional y menor el atractivo para los emprendimientos más ambiciosos. Precisamente, los inversores están muy atentos al riesgo en cada país, resultante de esa variabilidad de tratamientos que frena actividades y progreso.

Las legislaturas de las naciones subdesarrolladas suelen acentuar la incertidumbre dictando leyes para regir por un tiempo corto, para individuos determinados, para circunstancias especiales. En rigor, una ley para un caso determinado no cumpliría el ideal de la ley, sería más bien una sentencia judicial.

Pero la mayor parte de esas desigualdades, generadoras de profundos desequilibrios, provienen de las decisiones burocráticas del Poder Ejecutivo, en los distintos gobiernos. Es una costumbre de larga data establecer diferencias y condiciones desiguales para actores económicos y sociales, según determinados criterios administrativos, decididos por los funcionarios y no por la ley.

Restricciones como el cepo cambiario, límites a las importaciones o exportaciones y cupos para girar al exterior constituyen tratos discriminatorios para los distintos agentes sociales, y violentan el concepto de la ley proclamado por la Revolución Francesa y asentado en nuestra Constitución. Ningún funcionario administrativo debería tener la capacidad de decidir quién y en qué cantidad puede comprar o vender divisas. Ninguna ley o disposición administrativa debiera declarar ilegal la compra o venta de dólares u otras divisas puesto que es parte esencial de las transacciones comerciales con el exterior, tanto de los particulares como del Estado, en todo el planeta.

Por eso, el nuevo Gobierno, cualquiera que fuese el ganador del balotaje, debiera comprometerse en establecer un verdadero estado de derecho, suprimiendo todos los cepos y restricciones administrativas al comercio y pagos al exterior. Es la ley la que debiera explicitar todas las regulaciones para el comercio exterior, independientemente de las empresas o particulares. Una misma ley para todos.