El arroz es una de las principales producciones de la región. La Legislatura se opone al uso de agroquímicos de efecto residual.
La Cámara de Senadores de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto que prohíbe la actividad agrícola en una extensión de casi un millón de hectáreas de islas del delta del río Paraná.
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La norma, que ya contaba con la aprobación de la Cámara baja, busca promover la protección, conservación y aprovechamiento del humedal existente en esa región del sur entrerriano.
La ley, que ahora será remitida al Ejecutivo para su promulgación, comprende las islas ubicadas desde Diamante, frente a Puerto Gaboto en Santa Fe, hasta Islas del Ibicuy, en el extremo sur del delta entrerriano.
El texto prohíbe la siembra de «trigo, maíz, soja, lino, arroz, girasol, sorgo y forraje para pasturas y todo otro tipo de semillas que conlleven el agregado de agroquímicos de efecto residual».
La autoridad de aplicación de la norma será la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, Economías Regionales y Naturales, que quedó facultada para establecer las sanciones correspondientes.
El proyecto, presentado por el diputado Juan Carlos Almada, señala en sus fundamentos que la prohibición «promueve la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de una extensa zona como lo es el Delta, constituido por un inmenso humedal conformado por terrenos anegadizos, isletas, riachos y arroyos que comienza en la localidad de Diamante aproximadamente y termina en islas del Ibicuy».
La zona en la que no se podrán realizar actividades agrícolas tiene una extensión lineal de 320 kilómetros y un ancho variable que frente a Baradero es de 18 kilómetros, pero trepa a 100 kilómetros frente a la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata.
La zona comprende, desde Diamante hasta el límite con Buenos Aires, casi un millón de hectáreas de tierras.
El proyecto fue sancionado luego de conocerse que la provincia de Entre Ríos ya no controla 100 mil de las 190 mil hectáreas de tierras fiscales que posee en la zona del Delta y en los departamentos Victoria y Gualeguay.
Las tierras fueron apropiadas por particulares e inscriptas en la Dirección de Catastro, pero un reciente planteo de la Fiscalía de Estado de la provincia sostiene que los juicios de «usurpación» sólo pueden darse entre particulares.
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